Esperaron escondidos en el patio y lo redujeron durante 35 minutos: lo que se llevaron de la casa del represor

Un excronel del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad fue asaltado en su casa de Mar del Plata, donde cumple prisión domiciliaria. El ataque duró más de media hora y la pareja terminó atada y golpeada.

La víctima es Rodolfo Enrique Godoy. El hecho ocurrió el lunes feriado, cerca de las 10.30, en una vivienda del barrio Stella Maris. En ese momento, Godoy estaba junto a su esposa: ambos tienen 89 años.

El asalto, minuto a minuto

De acuerdo con la investigación, los ladrones esperaron escondidos en la parte trasera de la propiedad hasta que la pareja abrió la puerta que da al patio, siguiendo su rutina habitual. En ese instante irrumpieron en el interior y redujeron a los dos.

El asalto se extendió unos 35 minutos. En ese lapso, Godoy y su esposa fueron atados y golpeados. Según los datos de la investigación, los asaltantes se llevaron US$4000, $470.000 y un dispositivo GPS. Luego escaparon a bordo de una camioneta Ford Ranger 4x4 gris plateada.

Tras la fuga, la pareja llamó al 911. Efectivos de la comisaría novena, con jurisdicción en la zona, intervinieron en el lugar y labraron las actuaciones. La causa quedó caratulada como "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda".

Por ahora no se determinó si los delincuentes sabían que Godoy era un represor condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. De acuerdo con el relato de las víctimas, eran varios los atacantes, vestían ropa negra, llevaban guantes y tenían los rostros cubiertos.

La investigación quedó en manos del fiscal Mariano Moyano y de la Policía, que intentan establecer las circunstancias del asalto e identificar a los responsables.

Quién es Godoy

Godoy es un exoficial superior del Ejército Argentino condenado en distintas causas por secuestros y tormentos durante la última dictadura militar. En ese período se desempeñó como segundo jefe y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, una unidad vinculada con el Área Militar 114.

Las investigaciones judiciales reconstruyeron el vínculo entre esa estructura militar y distintos lugares usados como centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos figuran la Brigada de Investigaciones de San Justo, la comisaría de Ramos Mejía y el centro conocido como Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza.

Por los crímenes en la Brigada de Investigaciones de San Justo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata lo condenó a 25 años de prisión el 2 de diciembre de 2020. El expediente abarcó delitos contra 84 víctimas que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino.

Dos años después, el 5 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires le impuso 18 años de prisión por seis hechos de privación ilegal de la libertad agravada y cinco de imposición de tormentos, en la causa por los crímenes en la comisaría de Ramos Mejía. Los jueces lo consideraron coautor mediato de los delitos.

Su nombre también aparece en la causa por los delitos cometidos en el centro clandestino Sheraton, por los que recibió una pena de 20 años. En agosto de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra los responsables juzgados por los crímenes perpetrados en ese lugar, que funcionó entre diciembre de 1976 y abril de 1978. Por allí pasó el escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld, que continúa desaparecido.

La prisión domiciliaria y las salidas cuestionadas

La presencia de Godoy en Mar del Plata ya había generado cuestionamientos de los vecinos. En agosto de 2018 su situación tomó mayor repercusión pública cuando se conoció que había salido a tomar un café junto con el expolicía bonaerense Alejandro Alberto Menichini durante un cuarto intermedio de una audiencia judicial.

En ese momento, Godoy participaba por videoconferencia del juicio por los crímenes de la Brigada de San Justo desde una dependencia judicial de Mar del Plata. El episodio abrió un debate sobre las condiciones en que algunos acusados por delitos de lesa humanidad cumplían prisión domiciliaria mientras afrontaban procesos. Sin embargo, la publicación de las imágenes no permitió establecer por sí sola si se había incumplido alguna condición de detención.