Esperaron más de una hora para dialogar y la respuesta de los empresarios desató la furia portuaria

La tensión en torno a la intervención federal del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo de cruces. Una trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) acusó a los referentes de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego de priorizar sus negocios por encima de la defensa de la terminal marítima.

Se trata de Valeria Barría, empleada con dos décadas de trayectoria en la institución, quien habló en el programa radial "Zoom a Diario" y apuntó directamente contra el presidente de la entidad, Patricio Cornejo, y contra Ángel Brisigueli.

Una espera que terminó en portazo

Las declaraciones llegaron después del encuentro que trabajadores portuarios mantuvieron con los empresarios durante el fin de semana. Según el relato de Barría, unos 40 empleados se autoconvocaron frente al puerto para seguir reclamando contra la intervención nacional.

Al terminar la manifestación, el presidente de la DPP, Roberto Murcia, les comunicó que Cornejo había pedido abrir una instancia de diálogo. Los trabajadores esperaron más de una hora, pero los representantes de la Cámara de Turismo finalmente se negaron a conversar con ellos.

La trabajadora recordó que los portuarios venían reclamando desde hacía meses un pronunciamiento concreto de la Cámara de Turismo y de la Cámara de Comercio, sin obtener respuesta. Por eso veían en esa reunión una chance real de acercar posiciones.

"Un destrato"

El resultado fue un malestar profundo. Barría calificó de arrogante la actitud de Cornejo y Brisigueli y denunció un trato desconsiderado hacia el personal.

"Fue un destrato para los trabajadores que hace prácticamente diez meses venimos defendiendo el puerto de la provincia", afirmó.

Además, cuestionó que los empresarios pretendieran que las autoridades portuarias intercedieran para frenar las protestas, mientras evitaban pronunciarse sobre la intervención federal y sus efectos.

La neutralidad bajo sospecha

Barría puso en duda la supuesta imparcialidad de los representantes turísticos. "No sé si es neutral", expresó, y sugirió que la posición de algunos dirigentes podría estar condicionada por sus vínculos políticos.

En ese marco, mencionó la relación de Cornejo con la senadora nacional de La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, y planteó que el intento de desalentar las protestas podría estar ligado al oficialismo nacional.

Para la trabajadora, la falta de una postura firme frente a las irregularidades que denuncian los portuarios termina favoreciendo que la intervención continúe.

"Están defendiendo sus propios intereses", sostuvo, al considerar que algunos empresarios parecen conformarse con sostener su actividad mientras el Gobierno nacional siga administrando el puerto.

Y fue más allá: "Me parece que no poner una postura firme a todo lo que sabemos que vino a ser una intervención, de ser no transparente, no claro, de llevarse los recursos del puerto y demás, es ser cómplice de esta intervención también".

Lo que se construyó desde 1992

Barría también rechazó la idea de que la actividad portuaria haya empezado a funcionar bien recién con la llegada de las autoridades nacionales. Remarcó que desde 1992 la institución trabajó de manera sostenida para aumentar las recaladas y consolidar a Ushuaia como destino internacional de cruceros.

Como ejemplo, citó las operaciones de transbordo de pasajeros entre buques y aviones de la temporada anterior, que exigieron coordinar a organismos provinciales, trabajadores portuarios, agencias turísticas y otras instituciones.

Según explicó, esa experiencia generó un movimiento económico importante para Ushuaia y había expectativas de repetirla en la temporada en curso.

Por último, advirtió que la intervención federal interrumpió proyectos y procesos de crecimiento que llevaban años en marcha.