Esquel: detenido por encerrar a su familia, pero el abogado apunta a la policía

El bioquímico Miguel Edgardo Battista está detenido por "abandono de persona agravado por el vínculo y privación ilegítima de la libertad", acusado de mantener recluida a su familia en la vivienda que alquila en Esquel. Su defensor, Daniel Sandoval, rechaza esa lectura y sostiene que el encierro fue una medida de protección, no un cautiverio.

La versión que el letrado puso sobre la mesa para explicar la conducta de su cliente es, cuanto menos, poco habitual: Battista habría actuado empujado por una seguidilla de episodios que, según su lectura, lo convencieron de que estaba siendo perseguido.

De la extorsión a la sospecha

Sandoval aseguró que su defendido fue extorsionado y amenazado, y que además recibió la presencia sospechosa de la policía. Aunque se trata de hechos aislados, para el imputado responden a un mismo hilo conductor que, según el planteo de la defensa, arranca con las investigaciones que Battista desarrolló desde los tiempos de la pandemia.

El propio abogado se encargó de revisar esos antecedentes. De esa pesquisa surge que la extorsión efectivamente existió y que terminó con un juicio y personas detenidas. La amenaza posterior, recibida en una estación de servicio, también fue denunciada en su momento.

A ese historial se sumó, siempre según la versión del defensor, la irrupción de policías sin orden judicial en busca de un supuesto laboratorio de sustancias prohibidas.

Defensa propia, no tortura

Esa suma de episodios habría instalado en Battista la idea de una conspiración en su contra. Como consecuencia, según el relato de Sandoval, decidió recluir a toda la familia en la vivienda. La defensa insiste en que se trató de una estrategia de resguardo y no de un sometimiento.

El letrado agregó otro argumento para justificar el encierro: una situación de vergüenza social. Su mujer, con quien está legalmente casado, es mucho menor que él, y eso generaba miradas estigmatizantes que la pareja no estaba dispuesta a enfrentar.

La causa sigue en manos de la Justicia, que deberá determinar si la conducta del bioquímico constituye un delito o si, como plantea su defensa, fue una reacción frente a amenazas reales.