“Está fuera de todo cuadro jurídico”: quién habló por primera vez tras el decreto por la Península de Magallanes

El ex presidente del Consejo Agrario Provincial Javier de Urquiza rompió el silencio y salió a cuestionar con dureza la interpretación oficial sobre la venta de una fracción en la Península de Magallanes, el área protegida que mira de frente al glaciar Perito Moreno. Lo hizo en diálogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, en medio de la polémica desatada por el Decreto 915/26 que firmó el gobernador Claudio Vidal.

“Lo sigo con cierta y clara preocupación. Me da la impresión de que se está partiendo de una base errónea, una base equivocada”, sostuvo De Urquiza, que condujo el organismo durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Alicia Kirchner.

El decreto que encendió la mecha

La norma firmada por Vidal otorga una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” a la restricción que establecía el Decreto 994/17. Así habilita la transferencia del inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, en el marco del proyecto “Master Plan Ecocentro”.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida no constituye una venta de tierras fiscales y remarcan que el predio pertenece a privados desde la década del 60. La discusión ya escaló a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que aprobó por unanimidad un pedido de informes. El Ejecutivo prepara la documentación para remitirla a la Legislatura antes de una eventual citación al actual titular del CAP, Hugo Garay.

“Total y taxativamente prohibido”

De Urquiza reconstruyó el origen del marco regulatorio vigente y marcó la diferencia entre aprobar un proyecto y transferir un inmueble. “El problema es que me da la impresión de que se quieren usar esos elementos para justificar algo que no está permitido en ningún lado, que es la venta de terrenos dentro de la Península de Magallanes. Está total y taxativamente prohibido por normas nacionales y provinciales”, afirmó.

Y agregó: “La norma dice claramente que si algún propietario de lotes en Península de Magallanes quiere vender el mismo, se lo tiene que ofrecer en venta a la Provincia”.

El ex funcionario recordó que el plan de manejo no surgió de la nada. Contó que durante más de 20 años los propietarios del área —más de 40 entre la reserva primero y el parque provincial después— le reclamaban al Estado santacruceño poder desarrollar inversiones en la zona protegida. El conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2021 le ordenó al Gobierno de Santa Cruz allanarse al planteo, elaborar un plan de manejo en 90 días y darle una solución al tema.

“En base a eso se hizo el plan de manejo. Se generaron muchísimas reuniones con especialistas en el tema y gente que había hecho otros planes de manejo en el territorio nacional. Se puso en vigencia con el decreto correspondiente”, detalló. Ese plan de gestión tiene una vigencia de cuatro años y puede renovarse o no.

También aclaró la condición domanial de la superficie: “No es que se está creando un área protegida en una superficie que no tiene dueños. En este caso sí los tiene. Por eso se le pidió a la Provincia que hiciéramos el plan de gestión en el año 2021”.

La advertencia que preocupa al Gobierno

De Urquiza fue más allá y advirtió sobre el efecto dominó que puede generar la medida. “Creo que es muy difícil, si esto se llega a concretar, evitar una catarata de demandas de venta del resto de los propietarios de esos lotes, que van desde una hectárea y media hasta diez o más hectáreas”, estimó.

Sobre el entorno natural, remarcó la necesidad de cuidar los recursos locales. “Es un espacio enfrente del glaciar Perito Moreno donde hay que tener cuidado con recursos naturales como el agua. Es un tema muy delicado y sensible. Los argumentos que se quieren plantear no me parece que sean sólidos”, señaló.

Y dejó en claro que no está en contra del desarrollo: “Cualquier dueño de un predio en la Península sí puede hacer un proyecto de inversión si se enmarca en el plan de manejo. El error acá está en querer plantear que se pueda vender esa parcela para que otro haga ese plan de manejo”.

Respecto de la fracción involucrada, recordó que al final de su gestión la empresa Lacustre del Sud presentó un proyecto dentro del marco del plan de gestión, al que se le hicieron correcciones, pero que no llegó a aprobarse.

Dardo al Gobierno y disposición a declarar

De Urquiza también apuntó contra las atribuciones de responsabilidad sobre decisiones previas. “Lo que estamos viendo de esta gestión es que a los errores que cometen quieren echarle la culpa al gobierno anterior. Nosotros como funcionarios del gobierno anterior nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, pero tampoco es aceptable que todo lo que hagan mal le echen la culpa al gobierno anterior. Después de casi tres años de gestión, deberán hacerse cargo de su propia conducción”, disparó.

“Si salgo a hacer una declaración es porque realmente se está partiendo de una falta de verdad. Lo que no se puede hacer es convalidar que por una interpretación errónea se pueda ir contra la normativa vigente”, remarcó.

Por último, confirmó que está dispuesto a sentarse en la Cámara de Diputados si lo convocan: “Si los diputados me convocan, por supuesto que sí. Los santacruceños tenemos que ser claros. Los errores que puede cometer un gobierno hay que tratar de corregirlos y no seguir caminando sobre ese mismo error”.