Estados Unidos interviene a favor de la Argentina en el juicio por YPF: el inesperado respaldo que cambia las reglas

En un giro diplomático de alto nivel, la administración del presidente Donald Trump salió al cruce de los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, recibió un apoyo fundamental de la Casa Blanca para frenar las exigencias consideradas invasivas contra el Estado argentino en el litigio por la expropiación de YPF.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de Pam Bondi, una figura central del equipo de Trump, intervino formalmente ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Su objetivo es avalar la moción de emergencia presentada por la República Argentina para suspender el proceso de “discovery”, es decir, la exhibición forzosa de documentos y bienes, ordenada tras la sentencia del caso.

El argumento estadounidense es contundente: las solicitudes de los fondos litigantes son excesivas y violan los principios de cortesía internacional. Un memorándum oficial de la administración Trump advierte que este tipo de procesos contra estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos”.

¿Qué es lo que realmente buscan los fondos?

El conflicto se centra en la naturaleza de la información que pretenden obtener los demandantes. Estos no solo han pedido acceso a las comunicaciones privadas de altos funcionarios del gobierno argentino, sino que han ido más allá: exigieron precisiones sobre la ubicación física de las reservas de oro pertenecientes al Banco Central.

Frente a esto, la postura argentina ha sido firme. Sostiene que dichos activos gozan de inmunidad soberana, ya que pertenecen a una entidad jurídica separada y están protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de Estados Unidos.

Desde el Departamento de Justicia norteamericano señalaron que presionar en áreas tan sensibles, sumado a la amenaza de sanciones monetarias y declaraciones de desacato, puede generar una “fricción significativa con gobiernos extranjeros”. Por ello, su escrito solicita al tribunal que, antes de ratificar la audiencia probatoria fijada para fines de abril de 2026, considere el impacto en la política exterior.

Un momento clave para la estrategia argentina

Este respaldo llega en una semana de avances significativos para la posición del país en el frente externo. Recientemente, Argentina logró un principio de acuerdo con Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores con reclamos activos por el default de 2001.

Este entendimiento, informado a la jueza Loretta Preska, permite al equipo de Sebastián Amerio aislar el complejo litigio de YPF. La estrategia ahora es clara: concentrar todos los recursos técnicos y diplomáticos en esta causa específica, mientras se fortalece la relación con la nueva administración en Washington.

El apoyo explícito de la Casa Blanca marca un precedente crucial. No se trata solo de un argumento legal, sino de una advertencia geopolítica: permitir este nivel de intromisión judicial podría habilitar a tribunales de otros países a imponer medidas similares contra los propios Estados Unidos en el futuro, un riesgo que Washington no está dispuesto a correr.