Estafaban con autos 0 km que nunca entregaban: condenaron al líder de la banda

El líder de una organización que vendía vehículos 0 kilómetro que jamás entregaba fue condenado a seis años y nueve meses de prisión en el marco de un juicio abreviado realizado en agosto, según informó el Juzgado de Control en lo Penal y Económico de Córdoba.

Juan Santiago Caballero fue hallado culpable de los delitos de "asociación ilícita" y "estafas reiteradas" en calidad de jefe de la banda, que operaba bajo el nombre de Grupo Red. La misma resolución judicial impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional a Roberto Fabio Rudelli y Osvaldo Prats, considerados miembros de la misma asociación ilícita.

El tribunal, a cargo del juez Gustavo Hidalgo, decidió elevar a juicio a los otros 13 integrantes del grupo, quienes no confesaron su participación en los hechos.

El mecanismo de la estafa

Según la investigación penal, la organización funcionaba bajo el ropaje de un holding societario conformado por varias empresas, algunas dedicadas a la comercialización de autos 0 km y viviendas prefabricadas. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2019.

Los miembros de la banda, que eran familiares y allegados al líder, utilizaban discursos y publicidad engañosa, además de aparentar solvencia, para atraer a un número indeterminado de personas en la ciudad de Córdoba, el interior provincial y otras regiones del país.

Las víctimas eran seducidas con un plan de pago ilusorio para comprar vehículos 0 km, que incluía promesas de bonificaciones. La trampa consistía en que el cliente podía fijar su propia cuota mensual, siempre fija y en pesos, pero como no se establecía el monto total del vehículo, nunca terminaba de pagarlo. Los aportes eran apropiados ilegítimamente por los integrantes de la banda, quienes trasladaban los fondos a otra empresa del mismo holding.

"Despapelización" y cierre abrupto

Ante los numerosos reclamos, los estafadores "despapelizaban" a algunos damnificados: con diversas excusas les retiraban los contratos y recibos, y les ofrecían cheques de pago diferido sin fondos. De esta manera, les quitaban las potenciales pruebas que podrían utilizar en demandas judiciales.

Finalmente, cerraron abruptamente la oficina que tenían en la ciudad de Córdoba y dejaron desamparados a los damnificados. El líder y algunos miembros se radicaron en el exterior, lo que obligó a tramitar un pedido de captura internacional para ellos.