Estafas con vehículos por redes sociales en Tucumán: qué pasó con el acusado tras el allanamiento

La Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Diego Hevia, avanza en la investigación de una presunta organización que engañaba a vendedores de vehículos a través de redes sociales. La causa ya tiene un imputado con prisión preventiva, un sospechoso prófugo y un tercer involucrado bajo la lupa.

En una audiencia reciente, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás expuso la teoría del caso y detalló cómo operaba la banda, según el Ministerio Público Fiscal. Los sospechosos rastreaban publicaciones de motos, autos y camionetas en venta, y contactaban a los dueños usando identidades falsas, principalmente los nombres de “Jessica Naranjo” y “Carlos Facundo Sánchez”.

La modalidad consistía en ofrecer un pago combinado: una parte en efectivo y el saldo con cheques. Tras acordar un encuentro, lograban que los vendedores firmaran la documentación para la transferencia. El fraude se descubría cuando las víctimas intentaban cobrar los cheques y resultaban ser apócrifos. Según la hipótesis fiscal, los rodados eran luego revendidos a terceros aparentando que todo estaba en regla.

El allanamiento y el hallazgo de pruebas

A partir de una denuncia, el fiscal Hevia consiguió una orden de allanamiento en una vivienda del barrio Policial, en Los Pocitos. En el procedimiento fue detenido uno de los acusados y se secuestraron dos motocicletas, ocho teléfonos celulares, cinco cédulas de identificación vehicular, una notebook, dos dispositivos Posnet, un formulario 08 en blanco, talonarios de recibos, chips telefónicos, fotocopias de DNI, un pendrive y documentación vinculada a distintos vehículos.

Durante la audiencia, Briz Tomás sostuvo que la organización habría usado de manera reiterada identidades falsas y líneas telefónicas registradas con documentación apócrifa. Además, remarcó que ninguna de las víctimas logró recuperar el dinero ni los vehículos. También señaló que el imputado intentó ocultar su celular en el ventiluz del baño durante el allanamiento, una conducta que, para la Fiscalía, evidenció intención de entorpecer la investigación.

La auxiliar fiscal indicó que los integrantes del grupo tenían roles diferenciados: algunos captaban a los vendedores, otros concretaban las operaciones y otros se encargaban de comercializar los rodados obtenidos mediante el presunto fraude.

Un prófugo y un tercer sospechoso

Uno de los coimputados permanece prófugo: no pudo ser localizado pese a la orden de detención vigente, por lo que la Justicia dispuso su declaración de rebeldía y captura. En paralelo, continúa la investigación para determinar la eventual participación de un tercer sospechoso.

Al fundamentar el pedido de medidas cautelares, Briz Tomás afirmó que el acusado demostró capacidad para ocultar pruebas, usar identidades falsas y hacer desaparecer vehículos. Eso, sumado a la existencia de un prófugo y a la complejidad de la estructura, justificaba una prisión preventiva por 90 días. Finalmente, el juez hizo lugar a la formulación de cargos y dispuso la prisión preventiva, aunque redujo el plazo a 60 días mientras continúa la investigación.