Estafas inmobiliarias en Salta: deberán devolver más de $40 millones a sus víctimas

La Justicia de Salta homologó acuerdos para que tres acusados de estafas inmobiliarias y falsas inversiones reparen económicamente a diez damnificados. El monto total comprometido supera los 40 millones de pesos, en un caso que estremeció a la provincia.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Cecilia Flores Toranzos, quien dio luz verde a las soluciones alternativas propuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), con la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio al frente.

¿Cuánto deberán pagar los acusados?

Carlos Adrián Huergo, uno de los principales imputados, tendrá que abonar 31 millones de pesos a seis víctimas, con distintos planes de pago sujetos a actualización. Además, deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses y cumplir una suspensión del juicio a prueba por dos años.

Julio César Aldecoa, por su parte, deberá pagar 9 millones de pesos a tres damnificados y también logró la suspensión del juicio a prueba, aunque por un plazo menor: un año.

En tanto, Huergo y Mario Gustavo Maldonado alcanzaron un acuerdo con otro damnificado, que incluye la entrega del dinero embargado en una cuenta judicial y un pago adicional de 1,5 millones de pesos en cuotas.

¿Cómo operaba la presunta estafa?

Las investigaciones se iniciaron a raíz de múltiples denuncias por operaciones inmobiliarias irregulares. Según la acusación, Huergo fue contratado para comercializar un loteo en el barrio Intersindical, pero habría vendido terrenos y cobrado el dinero sin entregarlo a los propietarios.

También se lo investigó por ofrecer terrenos que nunca fueron entregados y por prometer reemplazos con otros inmuebles que tampoco se concretaron. En otra causa, los tres acusados habrían ofrecido supuestas inversiones con una rentabilidad del 20%, captando dinero en pesos y dólares que luego jamás devolvieron.

¿Qué condiciones deben cumplir para evitar el juicio?

La jueza consideró que, al tratarse de delitos patrimoniales y no registrar antecedentes condenatorios, los acuerdos permitían priorizar la reparación económica de las víctimas. Sin embargo, los imputados deberán cumplir estrictas reglas de conducta, entre ellas:

• Fijar domicilio y comunicar cualquier cambio.
• No cometer nuevos delitos.
• Abstenerse del consumo abusivo de alcohol y drogas.
• No salir del país sin autorización judicial.

En caso de incumplir cualquiera de estas condiciones, la suspensión del juicio podría ser revocada y el proceso penal continuaría su curso.