Estafas inmobiliarias en Salta: el acuerdo millonario que evitó el juicio oral para tres acusados

La Justicia salteña homologó acuerdos de reparación que superan los $41 millones para resarcir a las víctimas de una serie de estafas inmobiliarias y financieras. Dos de los imputados evitarán el debate oral bajo estrictas condiciones.

Carlos Adrián Huergo, Julio César Aldecoa y Mario Gustavo Maldonado eran los señalados en distintas causas por maniobras fraudulentas que dejaron a al menos diez damnificados. Tras las negociaciones entre la Fiscalía, las defensas y los afectados, la jueza Cecilia Flores Toranzos, del Distrito Judicial Centro, dio luz verde a los acuerdos.

¿Cuánto deberá pagar cada acusado?

El acuerdo más abultado corresponde a Huergo, quien deberá desembolsar $31 millones para compensar a seis víctimas. El pago se hará en cuotas con mecanismos de actualización, y además tendrá que cumplir seis meses de tareas comunitarias en una institución religiosa.

Por su parte, Aldecoa asumió la obligación de abonar $9 millones a tres damnificados. En tanto, Huergo y Maldonado sellaron una conciliación adicional con otro afectado: entregarán el dinero embargado en una cuenta judicial y sumarán $1,5 millones en tres cuotas.

La suspensión del juicio a prueba fue otorgada por dos años para Huergo y uno para Aldecoa, siempre que cumplan con los pagos y las reglas de conducta impuestas.

¿Qué maniobras se investigaron?

Las denuncias apuntaron a operaciones inmobiliarias que nunca se concretaron. Huergo, por ejemplo, había sido contratado para desarrollar un loteo en el barrio Intersindical. Según la investigación, vendía terrenos y recibía el dinero sin entregar los fondos al propietario.

Pero no fue el único caso: también se lo vinculó con otras ventas fraudulentas a través de empresas de desarrollo inmobiliario, donde las víctimas pagaron por lotes que jamás recibieron. Incluso les ofrecían reemplazos que tampoco aparecían.

La promesa de rentabilidad que terminó en denuncia

Otra de las causas surgió a raíz de un supuesto esquema de inversiones con una ganancia garantizada del 20%. Un damnificado entregó dólares y pesos bajo esa promesa, pero nunca pudo recuperar su capital. Por este expediente estaban acusados Huergo, Aldecoa y Maldonado.

Reglas de conducta y control judicial

Además de los pagos, los acusados deberán fijar residencia, informar cualquier cambio, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, no cometer nuevos delitos y no salir del país sin autorización. La Oficina Judicial supervisará el cumplimiento de estas condiciones.

Si todo se cumple, la Fiscalía evaluará si continúa la acción penal. De lo contrario, el beneficio podría revocarse y el proceso retomaría su curso.