Estudiaba con una beca y un promedio perfecto: lo que encontró el ICE en un control de tránsito lo cambió todo

Alexander Vallejos tenía todo encaminado para graduarse en Ciencias de la Computación en 2025. Tenía 26 años, un promedio de 4.0 en la Universidad de Florida Central y pasantías en tecnología e inteligencia artificial. Pero un control de tránsito en Orlando, Florida, lo puso frente a una orden de retención migratoria que lo mantuvo casi dos meses bajo custodia.

De la universidad a la detención

Vallejos nació en Argentina y llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía apenas un año. Creció en el condado de Palm Beach como beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Según WLRN, en febrero de 2025 fue detenido durante un control de tránsito. Aunque los cargos policiales de ese episodio fueron desestimados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantuvo una orden de retención que impidió su liberación inmediata.

El estudiante permaneció bajo custodia hasta abril de ese año. Fue trasladado por varias instalaciones: el centro de detención de Krome, en Miami-Dade, otro establecimiento en el condado de Broward y una instalación en Arizona.

Durante ese período denunció hacinamiento, dificultades para acceder a alimentos y restricciones para comunicarse con sus familiares. Según su testimonio, llegó a compartir un espacio reducido con entre 40 y 50 personas que debían usar un único inodoro. También relató que perdió alrededor de 30 libras (13 kilos) de peso.

Después de recuperar la libertad, enfrentó secuelas psicológicas y debió usar temporalmente un dispositivo de monitoreo en el tobillo. “Ahora vivo con miedo. No me siento como una persona. La tortura no termina cuando sales”, dijo a WLRN.

El costo de volver a las aulas

Al salir de la detención y reunirse con sus padres en West Palm Beach, Vallejos quiso retomar sus estudios de inmediato. Las consecuencias del arresto habían golpeado tanto sus ingresos como su situación académica: fue dado de baja de las cuatro materias que cursaba, perdió su empleo y dejó de recibir la beca de TheDream.US, que financiaba su educación.

“Recuerdo que el primer día en casa de mis padres lo primero que hice fue preguntarle a mi hermano: ‘¿Dónde está tu computadora portátil? Necesito averiguar cómo voy a terminar mis estudios, necesito saber qué está pasando, necesito saber cuál es mi plan de acción’”, relató.

A esas dificultades se sumó la pérdida del beneficio de matrícula estatal para residentes de Florida. Cada asignatura pasó a costar alrededor de 3000 dólares, y las materias que superaban el límite de 120 créditos podían alcanzar los US$5000 cada una.

Con gastos legales, deudas y facturas pendientes acumuladas, pagar las materias restantes se volvió imposible. Su hermano Néstor impulsó entonces una campaña en GoFundMe que reunió más de US$12.000 a través de unas 115 donaciones, superando la meta inicial de US$10.000. Ese dinero le permitió reorganizar su cursada, aunque tuvo que distribuir las asignaturas entre distintos semestres. Su objetivo ahora es graduarse en mayo de 2027.

“Cuando pienso en un dreamer, pienso en alguien que creció en este país, en este estado, y lo considera su hogar”, dijo a WLRN.

Florida y las restricciones para estudiantes migrantes

El caso de Vallejos se desarrolla en un contexto de cambios en las políticas educativas del estado. La Junta de Gobernadores de Florida aprobó una medida que, según la información retomada por WLRN, impedirá que estudiantes indocumentados ingresen a las universidades públicas a partir del ciclo académico 2027-2028.

La restricción abrió un debate sobre el acceso a la educación superior y sus posibles consecuencias para los estudiantes, las instituciones y el mercado laboral. Legisladores y organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan sus efectos sobre la formación profesional y la economía regional. Desde el gobierno estatal, en cambio, sostienen que los recursos públicos deben priorizar a quienes cuentan con estatus migratorio legal.

“Los contribuyentes de Florida no deberían esperar subsidiar oportunidades para personas que violaron nuestras leyes para venir aquí”, dijo el vicegobernador Jay Collins en su cuenta de X.

De acuerdo con Higher Ed Immigration Portal, alrededor de 510.000 estudiantes indocumentados están matriculados en instituciones de educación superior de Estados Unidos. Esa población representa aproximadamente el 2,4% del total de universitarios del país, y Florida concentra entre 49.000 y 60.000 de ellos.