Estudiar en EE.UU. con visa F-1: el monto que las universidades deberían pagar para que sus alumnos trabajen
Una estudiante con visa F-1 quiere trabajar en su campo y su universidad debe pagar una tarifa de miles de dólares para recomendarla. La propuesta del DHS todavía no rige, pero ya generó rechazo.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) puso sobre la mesa una tarifa que podría cambiar las reglas del juego para miles de estudiantes internacionales: 70.000 dólares por la primera recomendación de capacitación práctica opcional (OPT) de cada alumno con visa F-1, y 30.000 dólares por cada recomendación posterior.
La propuesta, publicada el 8 de octubre de 2026 en el Registro Federal, todavía no está vigente. El plazo para presentar comentarios vence el 9 de noviembre.
Quién paga y cuándo se activa el cobro
El pago no recaería sobre el estudiante ni sobre el empleador, sino sobre la escuela certificada. La institución debería abonarlo antes de que su oficial designado cargue la recomendación en el sistema federal de registro de estudiantes.
Sin ese pago, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) no otorgarían el permiso de trabajo. La tarifa alcanza a estudiantes ya inscriptos que piden trabajar en su campo; la admisión a una universidad queda fuera del esquema.
El monto se activa cada vez que la escuela recomienda a un alumno para cualquier tipo de OPT, sin importar el empleador ni un cambio de trabajo. Una OPT previa a la graduación y otra posterior sumarían 100.000 dólares.
Los argumentos del DHS y el costo estimado
Según el DHS, la tarifa apunta a combatir el fraude y proteger a los trabajadores estadounidenses. La agencia advierte que, sin ella, el programa podría cerrarse.
Como respaldo, cita que en 2024 hubo 194.554 estudiantes con OPT y empleo reportado, frente a 160.627 en 2023. También señala que eligió un monto comparable al de las visas H-1B.
El propio análisis oficial estima costos anualizados de 4.100 millones de dólares como cifra principal y transferencias de las escuelas al gobierno por 12.800 millones al año. El documento prevé un grupo más pequeño de participantes y remarca que el 56% de las instituciones reguladas son pequeñas.
Las dudas sobre la autoridad del DHS
Doug Rand, director del Talent Mobility Fund, escribió en LinkedIn que el DHS carece de autoridad para imponer la tarifa, según consignó Fox News. La regla se apoya en la facultad del DHS de fijar el tiempo y las condiciones de admisión de los no inmigrantes.
Qué implica para los estudiantes latinoamericanos
El informe de 2024 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contabilizó 44.721 registros activos de estudiantes F-1 y M-1 de Brasil, 23.964 de México y 23.786 de Colombia.
Otra tabla de la agencia registra las autorizaciones para la extensión de 24 meses en carreras STEM: 1.532 de Brasil, 1.234 de México y 1.009 de Colombia.
Como el cobro recaería en las escuelas, el efecto sobre cada estudiante dependería de la decisión de la institución: pagar, trasladar el costo a alumnos o empleadores, o directamente no recomendar OPT. Las tres opciones están admitidas por la regla.
El DHS también evaluó volver a cobrar los 70.000 dólares al pasar a un nivel educativo superior y pidió opiniones sobre esa alternativa. Los comentarios sobre la norma vencen el 9 de noviembre en el expediente ICEB-2026-0100 de Regulations.gov; los referidos a la carga de papeleo, el 7 de diciembre.
