Estudiar una carrera en Misiones: el número que hoy define quién puede y quién no

Elegir una carrera dejó de ser solo una cuestión de vocación. Para miles de jóvenes que están terminando el secundario, la pregunta que hoy atraviesa la decisión es cuánto cuesta sostener los estudios durante cuatro, cinco o más años. Y en Misiones y el NEA, esa cuenta inclina la balanza más de lo que parece.

El ajuste del gobierno nacional sobre las universidades y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios agravaron un presupuesto que ya venía complicado: transporte, materiales, conectividad, alimentación y, en muchos casos, alquiler. Factores que no solo condicionan la elección inicial, sino también la posibilidad de permanecer en el sistema.

Qué quieren estudiar los que terminan el secundario

Un relevamiento de Junior Achievement Argentina entre más de 6.500 alumnos del último año del secundario, participantes del programa Socios, mostró cuáles son las aspiraciones académicas de los adolescentes. Abogacía, Medicina y Administración de Empresas encabezan las preferencias, lo que confirma la vigencia de las profesiones tradicionales.

En el otro extremo, las especialidades vinculadas con inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad reunieron apenas el 3,6% de las preferencias. El dato expone una brecha entre el protagonismo que esas actividades ganaron en el mercado laboral y el interés que despiertan entre los estudiantes.

Desde la organización señalaron que el conocimiento previo sobre una profesión y la cercanía con personas que la ejercen influyen en la decisión vocacional. Las tareas de un médico, un abogado o un administrador resultan más familiares que las funciones específicas de las disciplinas tecnológicas emergentes.

La universidad pública es gratuita, pero estudiar no

Según las estadísticas universitarias de 2024, el país contabilizó 2.608.231 estudiantes de pregrado y grado, frente a los 2.567.251 de 2023. Del total de 2024, cerca del 79% cursaba en instituciones estatales y el 21% en universidades privadas.

La gratuidad de las carreras de grado en las universidades públicas no elimina los costos. Libros, computadora, movilidad, alimentación y conexión a internet forman parte de un presupuesto que hay que sostener todo el ciclo lectivo. Y si el estudiante debe mudarse de su localidad, se suman alquiler, servicios y manutención.

En el sector privado, los aranceles son el principal compromiso. Como referencia, los precios publicados por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), vigentes desde septiembre de 2026, establecen un arancel mensual de $487.523 para la Licenciatura en Administración de Empresas, con un paquete de cinco materias por cuatrimestre. Ingeniería Industrial cuesta $541.874 mensuales y Abogacía, $582.256. Son valores de esa institución y no un promedio del sistema privado.

El NEA y la cuenta que se acumula mes a mes

En Misiones y el resto del Nordeste, la discusión tiene una dimensión particular por la distribución territorial de la oferta universitaria. La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) cuenta con 29.131 estudiantes en sus seis facultades y la Escuela de Enfermería, con presencia en Posadas, Oberá y Eldorado, entre otras localidades.

Para quienes viven lejos de las sedes, el transporte y la alimentación se acumulan mes a mes. Y cuando la carrera elegida no se dicta en la ciudad de origen, mudarse puede convertirse en la principal barrera para continuar.

La propia UNaM sostiene programas de asistencia que permiten dimensionar el peso de estos recursos: alrededor de 1.000 estudiantes alojados en sus albergues y cerca de 4.000 alcanzados por las becas de comedor, además de asistencia vinculada con la salud. El alojamiento evita un alquiler que muchas familias no pueden pagar y el comedor cubre una necesidad básica durante la cursada. En muchos casos, acceder a estos servicios define si un estudiante empieza o continúa una carrera.

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que recibe estudiantes de Corrientes, Chaco y otras provincias, la matrícula de grado y pregrado en 2024 fue de 64.256 estudiantes. El 72% de los nuevos inscriptos de ese año provenía de familias cuyos padres no habían accedido a la educación universitaria, un dato que refleja el papel de la universidad pública como herramienta de movilidad social.

El ajuste que golpea el financiamiento universitario

Las dificultades económicas de los estudiantes se desarrollan en un contexto de tensión entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei por el financiamiento del sistema. La discusión abarca salarios docentes y no docentes, becas, investigación, mantenimiento de edificios y recursos para garantizar las clases.

Un informe presupuestario publicado en septiembre de 2026 señaló que la ejecución del programa nacional destinado al desarrollo de la educación superior cayó un 40,5% en términos reales entre enero y julio de 2023 y el mismo período de 2026. La mayor parte del ajuste acumulado se explicaba por la reducción del gasto salarial docente y no docente.

El deterioro también alcanzó los ingresos del sector. Un reporte económico estimó que, en marzo de 2026, el salario real de un docente universitario con cargo estable, sin antigüedad ni promociones, estaba un 34% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El Gobierno anunció en junio de 2026 un acuerdo con una recomposición de la masa salarial universitaria del 24,33%, una actualización del 20% en gastos de funcionamiento y un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios. Según los análisis presupuestarios, esas medidas no eliminan el deterioro acumulado.

El impacto es especialmente sensible en el NEA, donde las universidades públicas cumplen un rol central en la formación de profesionales, la investigación y la vinculación con las necesidades productivas y sociales de la región. Menos recursos se traducen en más dificultades para sostener actividades académicas, actualizar equipamiento y acompañar a quienes necesitan asistencia para estudiar.

El endeudamiento joven, otra señal de alerta

Un estudio sobre jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires reveló que el 57% de los consultados indicó que en sus hogares tuvieron que pedir dinero prestado o usar algún mecanismo de crédito para afrontar gastos cotidianos. La investigación, sobre 946 casos, también identificó que seis de cada diez reportaron reducciones en el consumo familiar.

Otro informe económico ubicó la irregularidad en los pagos de préstamos entre personas de 18 a 30 años cerca del 40%, el porcentaje más alto entre los grupos etarios analizados. Las cifras no significan que los universitarios tomen préstamos específicamente para financiar sus carreras, pero dimensionan las dificultades económicas de una parte de la población joven.

El problema no se limita a quienes pagan una cuota: también se registraron casos de estudiantes de universidades públicas que no pudieron continuar por no poder afrontar gastos de transporte y materiales. En ese contexto, las becas y los programas de acompañamiento económico ganan peso, aunque necesitan financiamiento suficiente y políticas sostenidas para llegar a quienes los requieren.

Las carreras con mejores perspectivas laborales

La inserción laboral es otro factor que interviene en la elección. Un relevamiento de tendencias laborales identificó doce carreras y áreas con perspectivas favorables de empleo: Ingeniería, Programación, Enfermería, Ciencia y Análisis de Datos, Logística, Economía y Finanzas, Biotecnología y Ciencias Ambientales, además de Marketing Digital, Ciencias de la Computación, Negocios Digitales y Energías Renovables.

En algunos casos, las oportunidades están vinculadas con la incorporación de herramientas digitales a actividades existentes. La logística requiere cada vez más conocimientos sobre sistemas de seguimiento y análisis de información, mientras que las áreas administrativas y financieras demandan perfiles familiarizados con la automatización y el procesamiento de datos. En salud, biotecnología o energías renovables, la especialización responde a necesidades que exigen actualización permanente.

Para los jóvenes del NEA, conocer estas tendencias puede ayudar a decidir con más información, aunque las oportunidades efectivas dependen de la estructura productiva de cada provincia y del acceso a formación de calidad.

Cuánto esperan ganar los trabajadores argentinos

El último Index de Bumeran disponible, correspondiente a agosto de 2026 y publicado en octubre, ubicó el salario pretendido promedio en Argentina en $1.948.059 brutos mensuales. Para posiciones junior, la remuneración solicitada fue de $1.427.593; para perfiles semisenior y senior, de $1.989.027; y en puestos de jefatura y supervisión, de $2.671.864.

Son pretensiones salariales y no necesariamente los sueldos que reciben los trabajadores. Tampoco garantizan que una carrera con mayor remuneración potencial permita conseguir empleo de inmediato, porque la inserción depende de la experiencia, la demanda de cada actividad y las condiciones económicas.

En el NEA, donde la universidad pública es una vía fundamental de acceso a la educación superior para miles de familias, sostener esa posibilidad requiere más que mantener la gratuidad formal: garantizar condiciones materiales para estudiar, políticas de asistencia accesibles y un financiamiento universitario que preserve la calidad educativa. Una carrera puede empezar con una vocación, pero para llegar al título también hacen falta tiempo, recursos y oportunidades.