Estuvo prófugo 14 años por abuso a su hijastra: lo detuvieron y la Justicia declaró la prescripción
¿Cómo sigue la situación judicial de un hombre que estuvo prófugo 14 años acusado de abuso a su hijastra? La Justicia declaró la prescripción, pero no saldrá en libertad.
Alberto Martín Del Valle, de 56 años, seguirá detenido pese a que la Justicia declaró extinguida por prescripción la acción penal en la causa por abuso sexual agravado contra su hijastra, ocurrido en 2009 en el partido de Puán. El hombre había estado prófugo desde marzo de 2012 y fue capturado hace pocos días en Florencio Varela.
La resolución fue dictada por el juez de garantías Guillermo Mércuri, tras un nuevo análisis de la vigencia de la acción penal. La Cámara había revocado una decisión anterior y ordenado profundizar la verificación de los antecedentes del acusado. Tanto la Fiscalía como la representación de la particular damnificada habían sostenido que la acción penal seguía vigente.
Sin embargo, la decisión no implica su libertad. Del Valle continúa detenido en el marco de otra investigación por cuatro hechos vinculados al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, caso que deberá definir la justicia de garantías en un plazo de 15 días, según informó Canal Siete de Bahía Blanca.
¿Cómo fue la detención?
El hombre cayó en Florencio Varela tras permanecer prófugo de la Justicia desde marzo de 2012. Estaba acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando ella tenía 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto clandestino.
Durante la investigación se incorporaron declaraciones testimoniales, una entrevista en Cámara Gesell, informes médicos y psicológicos y otras medidas de prueba. La causa también contemplaba una acusación por aborto en grado de tentativa.
¿Por qué se declaró la prescripción?
El juzgado consideró que, de acuerdo con la legislación vigente al momento de los hechos, no correspondía aplicar de manera retroactiva las modificaciones posteriores que ampliaron el plazo de prescripción para los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores de edad. En ese sentido, la resolución sostuvo que el principio de legalidad impide aplicar retroactivamente una legislación más gravosa para el imputado.
