Ex combatientes y ambientalistas van a la Justicia para frenar un proyecto petrolero en Malvinas

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) presentaron una acción preventiva ante el Juzgado Federal de Río Grande para frenar el proyecto petrolero León Marino, impulsado por empresas de capitales británicos e israelíes. La iniciativa extractiva se ubica a 220 kilómetros de las Islas Malvinas y, según los demandantes, introduce graves riesgos para el Mar Argentino sin la autorización correspondiente.

Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzan con la instalación de infraestructura a gran escala sobre la plataforma continental argentina. Las operaciones contemplan perforar 23 pozos submarinos y extraer hidrocarburos por más de tres décadas. Las corporaciones carecen de la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación nacional.

El Estado argentino rechazó la inversión en reiteradas oportunidades. La Cancillería advirtió que la actividad contradice resoluciones clave de las Naciones Unidas. En el texto de la demanda judicial, las organizaciones afirman: "La explotación unilateral de recursos naturales por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es incompatible con el proceso de negociación impulsado por la ONU, concretamente las resoluciones 2065 (1965) y 31/49 (1976)". En 2012, el Gobierno nacional inhabilitó a Rockhopper, y Navitas recibió sanciones equivalentes diez años después.

El impacto ecológico y la tutela soberana

La demanda introduce el concepto de "tutela ambiental soberana". Para las organizaciones, el daño es doble: afecta los ecosistemas marinos y vulnera el derecho irrenunciable del pueblo argentino a preservar su territorio. El escrito judicial detalló esta postura de forma contundente: "El colonialismo ya no se agota en la ocupación militar del suelo. Se consuma y materializa también en la extracción de los bienes naturales del territorio ocupado". Además, el texto sostuvo la interconexión de ambos reclamos al argumentar. "Sobre el mismo espacio físico se superponen dos bienes colectivos indivisibles: la soberanía y el ambiente", señaló.

Las obras amenazan de forma directa las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, áreas de enorme productividad biológica. En estas aguas habitan especies clave como la ballena franca austral, pingüinos de Magallanes y diversas colonias de aves marinas. Las perforaciones, el ruido submarino continuo y el peligro de derrames configuran un escenario crítico para la biodiversidad.

El recurso exige la suspensión inmediata de los trabajos sobre el lecho marino y el bloqueo de todas las operaciones financieras vinculadas a la explotación. Los demandantes solicitan notificar a los organismos de control financiero internacional para identificar a los bancos, fondos y aseguradoras con participación en esta actividad extractiva ilícita. "La persistencia del flujo financiero destinado al emprendimiento constituye un presupuesto indispensable para la consumación progresiva del daño cuya neutralización persigue la presente acción preventiva", indicaron en la demanda.