Ex gerenta del IPSST usó tarjeta corporativa para gastos personales: lo que compró y la condena que recibió
Usó una tarjeta corporativa para gastos personales durante más de un año. ¿Qué compró y cuál fue su castigo? Los detalles de la condena.
Una ex funcionaria del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) admitió haber utilizado fondos públicos para financiar compras personales, viajes y consumos por más de 5 millones de pesos y 1.300 dólares. Nélida Patricia Rodríguez, ex gerenta de Administración, fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia se dictó tras homologarse un juicio abreviado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Fernando Blanno, la imputada y su defensa, con el aval de la querella. Rodríguez no irá a prisión por ser una condena de ejecución condicional, pero deberá cumplir reglas de conducta y realizar tareas comunitarias no remuneradas en la cooperadora del Hospital Avellaneda.
¿Cómo utilizó la tarjeta corporativa?
Según la investigación, entre el 19 de junio de 2021 y el 24 de agosto de 2022, la ex funcionaria usó la tarjeta corporativa del Banco Macro, destinada exclusivamente a pagos institucionales y proveedores, para realizar consumos ajenos a la actividad oficial. Entre los gastos detectados figuran compras de indumentaria, medicamentos, servicios digitales, plataformas de entretenimiento, pasajes aéreos y operaciones en el exterior.
La fiscalía calculó que el perjuicio económico al Subsidio de Salud ascendió a $5.038.466,32 y U$S 1.356,67. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás detalló que Rodríguez, en su rol de gerente de Administración del IPSST, tenía bajo su custodia el plástico.
Un abuso de confianza funcional
El Ministerio Público Fiscal calificó la maniobra como un “abuso de confianza funcional” sostenido en el tiempo, no hechos aislados. Remarcaron que el sistema de control interno del organismo no advirtió las irregularidades mientras la imputada administraba los fondos públicos. Rodríguez reconoció formalmente su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar con el acuerdo abreviado homologado por la jueza interviniente.
