Ex interventora del Servicio Penitenciario Federal fue indagada por permitir que narcos rosarinos dirigieran desde la cárcel

La ex jueza María Laura Garrigós y su ex subdirectora, Sonia Álvarez, enfrentan a la justicia federal por un hecho que, según los fiscales, tuvo consecuencias sangrientas en las calles de Rosario. Ambas fueron indagadas la semana pasada ante el juez Carlos Vera Barros por incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusadas de no haber impedido que jefes narco continuaran al mando de sus organizaciones desde sus celdas.

Un equipo de fiscales federales les reprochó específicamente no haber comprado inhibidores de señal para el SPF y no haber tomado medidas para evitar que los presos accedieran a teléfonos celulares. Según la acusación, esta omisión permitió que capos como Ariel “Guille” Cantero y Esteban Lindor Alvarado siguieran dirigiendo sus bandas e instigando crímenes graves desde la prisión.

¿Cómo comenzó la investigación?

La causa se inició el 20 de marzo de 2022, cuando agentes penitenciarios encontraron un teléfono celular oculto dentro de un televisor en la celda de Ariel Cantero, alojado en el penal federal de Marcos Paz. Este hallazgo despertó las alarmas del Ministerio Público Fiscal sobre la seguridad en las cárceles federales.

La investigación se amplió en julio de 2023, cuando un tribunal advirtió que en el penal de Ezeiza no se cumplían las medidas para impedir que Esteban Alvarado manejara su organización. Se reveló que el capo narco incluso tenía planeado fugarse en un helicóptero contrabandeado, un plan que se frustró porque el piloto, apodado “Lobo”, se arrepintió y declaró.

La defensa y la ley incumplida

Frente a los fiscales Claudio Kishimoto, Diego Iglesias y Andrea Garmendia Orueta, Garrigós y Álvarez entregaron un escrito rechazando las imputaciones y no aceptaron responder preguntas. Los acusadores sostienen que las autoridades penitenciarias incumplieron la Ley 24.660 y su modificatoria, la Ley 27.375, que obliga a instalar inhibidores de señal para impedir comunicaciones ilegales desde las cárceles.

También fueron indagados ex directores de seguridad del SPF que no impulsaron los trámites administrativos necesarios para la compra e instalación de esos equipos. Garrigós había asumido como interventora en junio de 2020, tras un escándalo de espionaje, mientras que Álvarez lo hizo como subdirectora nacional en marzo de 2021.

Las graves consecuencias en Rosario

Los fiscales vinculan directamente la gestión de las acusadas con un incremento de la violencia en la ciudad. En el período en que estuvieron a cargo, las fiscalías de Rosario registraron un aumento de causas por delitos graves que conducían a jefes narcos alojados en cárceles federales.

En marzo de 2023, la entonces fiscal Valeria Haurigot fue categórica: “Lo que estamos viviendo en cantidad de órdenes dadas desde cárceles es una cosa nunca vista, es fuera de serie la crueldad que se maneja”. Remarcó que los presos de alto perfil, lejos de rehabilitarse, buscaban “continuar el espiral de violencia”.

Para los fiscales, el incumplimiento de Garrigós y Álvarez tuvo un resultado concreto: una larga lista de expedientes donde presos federales siguieron al frente de sus organizaciones desde sus celdas. Entre los casos emblemáticos mencionan al rosarino Alan Funes, acusado de comandar desde Ezeiza una asociación ilícita a la que se le atribuyó la ejecución de Mariel Lezcano.

También destacan el caso de Pablo Nicolás Camino, ex integrante de Los Monos, quien desde el penal de Rawson, Chubut, dirigió a fines de 2022 una guerra callejera contra los negocios de Leandro “Pollo” Vinardi, otro recluso en Ezeiza. Producto de esa contienda, el 1º de febrero fue ejecutado el músico Lorenzo “Jimi” Altamirano frente al estadio de Newell’s.

Otros nombres que aparecen en la investigación son el narcotraficante peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por liderar una organización criminal en 2022, y Cristian “Pupito” Avalle. Este último se acogió el año pasado a un acuerdo abreviado a prisión perpetua por 27 causas, incluyendo cinco asesinatos y varios atentados, todo instigado desde la cárcel de Ezeiza.

El fenómeno no era nuevo. Ya en 2013, Ariel Cantero fue sorprendido en la cárcel de Coronda con un celular y una notebook, y en 2017 ordenó un secuestro extorsivo desde allí. Esteban Alvarado también había sido descubierto en 2013 con una decena de celulares en su celda VIP de la cárcel bonaerense de Campana.

Los fiscales sostienen que, a pesar de estos antecedentes, las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal durante la gestión de Alberto Fernández no tomaron las medidas necesarias para cortar el vínculo de los presos con el crimen organizado, con resultados devastadores para la seguridad pública.