Exclusión en Santa Cruz: el gremio minero le apunta a Vidal por dejarlo afuera de una reunión clave

La relación entre el gobierno de Claudio Vidal y los trabajadores mineros de Santa Cruz suma un nuevo capítulo de tensión. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) salió a cruzar al Ejecutivo provincial por no haber sido convocada a un encuentro reciente con autoridades.

El malestar quedó formalizado a través de un comunicado firmado por Marcelo Mena Muñoz, secretario general del sindicato, quien expresó su preocupación por quedar afuera de una instancia en la que, según sostuvo, se trataron asuntos que golpean directamente a los trabajadores del sector.

“Lamentablemente, nuestra ausencia en dicha instancia impidió que se pudieran plantear y discutir temas de suma importancia que continúan pendientes de resolución”, señaló Mena Muñoz.

¿Qué reclamos quedaron sin respuesta?

De acuerdo a lo informado por Data Gremial, entre las demandas más urgentes que el gremio esperaba plantear figuran la actualización del Bono de Producción para el personal jerárquico y técnico, las condiciones de higiene y seguridad en los yacimientos y la regularización de encuadramientos convencionales.

Además, desde la conducción sindical alertaron sobre presuntas situaciones de persecución sindical y despidos injustificados por parte de empresas contratistas que operan en los proyectos mineros de la provincia.

Para ASIJEMIN, esa reunión podría haber sido una oportunidad concreta para destrabar los reclamos y obtener respuestas que los trabajadores vienen esperando hace tiempo.

Proyecto de ley para frenar represalias

El contexto de conflictividad no se limita al ámbito minero. Mientras el gobierno de Vidal y la Policía de Santa Cruz respondieron al conflicto salarial con denuncias penales y medidas de fuerza contra más de 60 efectivos, un grupo de diputados provinciales presentó una iniciativa para blindar a los trabajadores de posibles represalias.

La propuesta busca establecer un régimen excepcional y transitorio de 18 meses para el personal de la Policía de Santa Cruz, el Servicio Penitenciario Provincial, Bomberos y otros organismos de seguridad pública que hayan participado o acompañado los reclamos laborales y salariales desarrollados durante este año.

El proyecto fue presentado por José Bodlovic, presidente del bloque Unión por la Patria; Eloy Echazu, Agostina Mora y Carlos Santi, del mismo espacio, y Daniel Peralta, del bloque Santa Cruz Somos Todos.

El primer artículo plantea la nulidad absoluta de las decisiones administrativas que tengan como causa directa o indirecta la participación del trabajador en el conflicto.

Las medidas alcanzadas incluyen apercibimientos, suspensiones, cesantías, exoneraciones, disponibilidad, traslados, cambios compulsivos de destino, modificaciones de funciones u horarios, recargos de servicio, descuentos salariales, calificaciones desfavorables y perjuicios sobre ascensos o promociones.

Según Ahora Calafate, la ley no solo impediría futuras sanciones, sino que permitiría revisar decisiones ya adoptadas. Si se detectara alguna medida alcanzada por la futura ley, el proyecto establece la restitución de la situación administrativa, funcional, económica y profesional anterior del trabajador.

Esto incluye eliminar antecedentes desfavorables de los legajos, recomponer calificaciones y situaciones relacionadas con ascensos, y reintegrar haberes descontados por la participación en el conflicto.

Sin embargo, los fundamentos aclaran que la protección no interfiere con investigaciones penales ni alcanza a posibles delitos u otras conductas ajenas al reclamo salarial.