Exfuncionario bonaerense, militante de DDHH, denunciado por abusos en un hogar de menores de La Plata

Una denuncia por abuso sexual sacude al histórico Hogar del Padre Cajade en La Plata, involucrando a un trabajador que también era un alto funcionario provincial. El acusado, G. D. F., es familiar de desaparecidos y militante de derechos humanos, lo que agrega una capa de complejidad al caso. La causa judicial ya está en marcha y las instituciones involucradas actuaron con desvinculaciones inmediatas.

¿Qué se denuncia y quiénes son las víctimas?

Familiares de las presuntas víctimas presentaron la denuncia hace al menos dos semanas ante la Justicia. En su relato, describen una serie de hechos de abuso sexual que habrían comenzado alrededor del año 2015 y se extendieron durante varios años.

En total, se contabilizan al menos seis episodios denunciados. Algunos de los jóvenes afectados hoy son mayores de edad, mientras que otros tienen entre 15 y 18 años. Los abusos habrían ocurrido dentro de las instalaciones del Hogar Obra Padre Cajade, una institución que por más de tres décadas ha alojado a menores en situación de vulnerabilidad.

Según información que circuló a partir de una nota del medio local El Editor Platense, el denunciado, F., era uno de los adultos a cargo durante los turnos nocturnos en el hogar.

La respuesta institucional: desvinculaciones y apartamientos

Ante la gravedad de las acusaciones, las reacciones no se hicieron esperar. El Hogar del Padre Cajade decidió desvincular de inmediato al trabajador denunciado. Le prohibieron el ingreso a cualquier espacio de la institución y cualquier tipo de contacto con los chicos.

En paralelo, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de Buenos Aires lo apartó del cargo jerárquico que ocupaba. Se desempeñaba como director de Región de Casas de Cuidado, un área que depende del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, liderado por Andrés “El Cuervo” Larroque.

Desde el Ministerio confirmaron a TN que el apartamiento del funcionario es definitivo y que la decisión se tomó de forma inmediata una vez conocida la denuncia. Reconocieron que hay un proceso judicial en curso.

El perfil del acusado: entre el activismo y la función pública

G. D. F. no es un empleado cualquiera. Es hijo de sobrevivientes y militantes de derechos humanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina. Además, es primo del nieto recuperado número 84, un vínculo que lo sitúa dentro de organismos de DDHH en La Plata.

Dentro del Hogar, su función era la de “educador popular”, una figura formada dentro de la propia organización que convive con los chicos y comparte su vida cotidiana. Su recorrido laboral también incluyó un paso por el Servicio Penitenciario Bonaerense, donde trabajó como empleado administrativo en la Unidad 9 de Villa Elvira.

La investigación judicial y los temores de las familias

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Álvaro Garganta. Hasta el momento, el acusado no ha sido detenido. Esta situación genera preocupación entre los familiares de las presuntas víctimas, quienes temen que pueda fugarse del país.

Advierten que se trata de una persona “con vínculos y peso político”. Desde el ámbito judicial reconocen que se trata de una “causa compleja” y confirmaron que ya se ordenaron distintas medidas de prueba para avanzar en el caso.

El comunicado del Hogar Padre Cajade

Frente a los medios, la institución prefirió limitarse a compartir un comunicado oficial. En él, expresan su profundo pesar por los hechos ocurridos y aseguran que su prioridad absoluta es el bienestar de los niños y adolescentes.

Informaron que las presuntas víctimas están siendo acompañadas por el equipo profesional del hogar y que se implementaron medidas de contención para el resto de los chicos. “Habilitar espacios de escucha, creer en la palabra de nuestros pibes y actuar en consecuencia es uno de los pilares de nuestra construcción”, sostuvieron en el texto.

También remarcaron su decisión de no caer “en la trampa y en la comodidad del silencio”, haciendo pública una realidad que califican como muy difícil de comunicar, siempre con el límite de preservar la integridad de los menores.