Exigen salario para las cocineras comunitarias: la UTEP presiona al Ejecutivo

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentó formalmente un petitorio al Ejecutivo provincial para que se trate el proyecto de ley de cocineras comunitarias, una iniciativa que busca reconocer con un salario mensual el trabajo esencial que realizan miles de personas en comedores y merenderos de Santa Fe. El reclamo se hizo en el marco de la movilización por San Cayetano, donde también se exigió la reapertura del Renabap y el FISU.

¿Qué pide la ley?

La propuesta, que ya ingresó en la Legislatura santafesina, establece que quienes cocinan y sostienen los espacios comunitarios reciban una remuneración mensual que no podrá ser inferior al 50% de un salario mínimo, vital y móvil. Además, crea un registro único provincial de comedores y merenderos, y otro de trabajadores comunitarios, para que el reconocimiento salarial sea efectivo y ordenado.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Claudia Balagué, Lucila de Ponti, Fabián Palo Oliver, Carlos del Frade y Miguel Rabbia, y considera a estas tareas como "estratégicas e imprescindibles" para la seguridad alimentaria y el cuidado comunitario en contextos de vulnerabilidad.

El reclamo en San Cayetano

La presentación se realizó este viernes, en el marco de la jornada por San Cayetano, donde la UTEP, junto a la CGT, la CTA y la CTA Autónoma, también reclamó la reapertura del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y la restitución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), disuelto por decreto nacional.

Nahuel Zentner, referente de la UTEP, explicó a El Ciudadano que la ley es urgente porque el gobierno nacional congeló el Potenciar Trabajo en 78.000 pesos, un monto que quedó desactualizado y que era el único ingreso de muchas cocineras. "Ese era el único ingreso que tenían las compañeras que cocinan en los diferentes comedores", afirmó.

Zentner también destacó que el trabajo en los comedores va mucho más allá de la cocina: "reciben casos de violencia de género, trabajan con las instituciones del barrio, contienen problemas de consumo. Es el primer contenedor social que tienen hoy la mayoría de los barrios", señaló.

¿De dónde saldrá el dinero?

El proyecto prevé que el financiamiento provenga de aportes adicionales a grandes propietarios rurales y de suelo urbano vacante, de impuestos a servicios de pago, y de otros recursos que fije el presupuesto provincial, entre otras fuentes.

La iniciativa también garantiza que el salario no se suspenda por falta de insumos y reconoce ausencias justificadas, como enfermedad o cuidado de familiares. Se estima que en la provincia funcionan unos 2.500 comedores, aunque no hay un registro oficial que precise la cifra.