Exintendente de San Carlos, imputado por millonarias irregularidades
Un diputado provincial de Salta, imputado por millonarias irregularidades durante su gestión como intendente. ¿Qué se descubrió en los terrenos y adónde fueron a parar los fondos?
El actual diputado provincial por San Carlos, Héctor Raúl Vargas, enfrenta ahora a la Justicia. La Unidad de Delitos Económicos Complejos lo imputó por incumplimiento de deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
Las acusaciones apuntan a su gestión al frente de la Municipalidad de San Carlos. Se investigan operaciones inmobiliarias, fondos nacionales y retiros bancarios por más de 64 millones de pesos.
¿Qué irregularidades se le adjudican?
La primera denuncia llegó en mayo de 2023, impulsada por un concejal de la localidad. Según esa presentación, en julio de 2021, Vargas adquirió a nombre de la comuna un terreno de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados por 15 millones de pesos. La operación, que involucra la matrícula 2608, se habría realizado sin la autorización del Concejo Deliberante.
El concejal también señaló que, a pesar de los pedidos de informes, la documentación recién se entregó en abril de 2023. Un análisis del Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que por la venta de los lotes ingresaron 16.883.100 pesos. De ese total, 15 millones se usaron para pagar la compra, pero no hay registros sobre el destino de los 1.883.100 pesos restantes.
Falsedad ideológica y un loteo inexistente
La Fiscalía también imputó a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público. En dos resoluciones municipales firmadas por el exintendente se afirmaba que el loteo contaba con matrículas individuales, planos de calles, ochavas, espacios verdes, estudio de impacto ambiental y servicios básicos. Sin embargo, una inspección ocular reveló que el terreno estaba vacío, con delimitaciones precarias hechas con palos y sin agua, luz ni cloacas.
Fondos nacionales sin rendición de cuentas
El 5 de diciembre de 2023 se sumó otra denuncia. Se cuestionó el destino de 9.482.369,75 pesos que la Nación envió para un proyecto productivo destinado a 20 familias del paraje San Rafael. Esos fondos llegaron a través del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL).
La investigación no pudo reconstruir el destino del dinero. No se encontraron órdenes de pago ni comprobantes, y el organismo nacional informó que no constaba rendición de cuentas.
Cheques por más de 64 millones de pesos
El caso más abultado involucra 18 cheques de pago diferido emitidos por el entonces intendente. Los retiros, realizados en distintas sucursales del Banco Macro, sumaron 64.449.000 pesos. En todos los casos, la beneficiaria era la propia Municipalidad de San Carlos, pero desde la comuna aseguran que no existe documentación que respalde esos movimientos.
En la audiencia de imputación, Vargas estuvo acompañado por su abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
