Exjuez Saá Petrino en la mira de la Justicia por un faltante millonario en el Colegio de Magistrados

El fiscal José Olguín pidió formalmente que se impute al exjuez Hugo Saá Petrino por administración fraudulenta de los fondos del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis. La solicitud también alcanza a su cuñada y al esposo de ella, en calidad de partícipes.

El pedido fue presentado el 20 de agosto ante la jueza Natalia Pereyra Cardini, del Juzgado de Garantía N° 3, y ahora espera la fijación de una audiencia para formular cargos. La investigación, que arrancó con una denuncia en septiembre de 2025, tomó impulso tras una auditoría externa encargada por la nueva conducción del Colegio.

¿Qué encontraron los auditores?

El informe contable analizó los movimientos de las cuentas del Colegio en los bancos Supervielle y Santander entre noviembre de 2022 y octubre de 2025. Durante ese lapso, los recursos disponibles sumaron $77.232.702,20, mientras que los egresos alcanzaron los $70.901.630,39.

La diferencia inicial fue de $6.831.071,81, pero al descontar el saldo bancario, el faltante quedó en $5.396.884,58 sin justificar. Además, se detectaron transferencias desde las cuentas del Colegio hacia las cuentas personales de Saá Petrino y de su entorno familiar.

Entre los movimientos figuran operaciones hacia María Fernanda Del Cerro y transacciones con Maskotas SRL, una veterinaria vinculada a Marcelo José Senatore Pecchini, esposo de la funcionaria judicial. También se registraron transferencias a la cuenta de la esposa del exjuez y pagos de productos o servicios con fondos de la entidad.

El curioso flujo inverso de dinero

Otro dato que llamó la atención de los auditores fue que, desde marzo de 2024, Saá Petrino comenzó a transferir dinero propio hacia las cuentas del Colegio. Hasta octubre de 2025 ingresaron $121.383.837,90, de los cuales $110.499.940,17 salieron de su bolsillo.

También se registraron aportes de personas y empresas relacionadas con su entorno. Maskotas SRL, por ejemplo, transfirió $5.200.897,73, y el fideicomiso La Candela aportó $3.900.000. Estos movimientos forman parte del análisis para determinar cómo se administraron los recursos y qué destino tuvieron los fondos durante su gestión.

Cheques sin fondos y crisis institucional

La auditoría también reveló que durante el período analizado fueron rechazados 58 cheques. De ellos, 54, por $48.087.671,96, rebotaron por falta de fondos, y otros cuatro, por $3.181.477,27, por inconvenientes técnicos. El Banco Santander, además, afrontó 22 cheques por $1.127.676,24 cuando la cuenta no tenía saldo suficiente.

Los problemas financieros empezaron a preocupar al Colegio hacia fines de 2024 y terminaron en una crisis institucional. Saá Petrino fue apartado de la presidencia y la nueva conducción se presentó como querellante en la causa.

El pedido de la Fiscalía es un paso más en la investigación. La audiencia de formulación de cargos permitirá que el Ministerio Público exponga su hipótesis y las pruebas que vinculan a los tres acusados con el presunto delito. Hasta ahora, se trata de una acusación en etapa de investigación, no de una condena. La Justicia deberá determinar si existió administración fraudulenta y qué responsabilidades individuales hubo.

El expediente vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos de una institución que reúne a integrantes de la Justicia provincial y que atravesó una fuerte crisis interna. El próximo paso será la definición de la audiencia y el avance de las medidas para esclarecer el destino de los fondos.