¿Qué pasó con los controles que debían frenar los pagos? La Justicia ya dio un paso clave para sentar en el banquillo a los exministros de Gutiérrez por el desvío millonario.
La Justicia avanza a paso firme contra ocho personas, entre ellas dos exministros del gobierno de Omar Gutiérrez, por el presunto desvío de más de $1.208 millones en fondos públicos. El Ministerio Público Fiscal (MPF) ya pidió fijar la audiencia de control de acusación, un paso previo e ineludible para llegar a juicio oral.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Rocío Rivero, con la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, ante la Oficina Judicial. La investigación apunta a hechos ocurridos entre 2022 y 2023, cuando los acusados ocupaban altos cargos durante la gestión de Gutiérrez.
Abel Di Luca y Germán Chapino, ambos exministros de Desarrollo Social, son señalados como coautores del delito de administración fraudulenta. Junto a ellos, aparecen otros tres acusados identificados por sus iniciales D.M., S.E.B. y L.L.V., mientras que B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. están imputados como partícipes necesarios.
¿Qué se investiga?
Según la acusación, los imputados habrían montado un esquema para desviar fondos de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo destinado a capacitar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil. El dinero, en lugar de cumplir su fin, habría terminado en manos de la cooperativa Viento Sur y otros particulares.
La Fiscalía de Estado, que fue la que presentó la denuncia inicial y actúa como querellante, acompañó el pedido del MPF. El perjuicio al erario provincial se estima en $1.208.657.600, según valores históricos.
El programa exigía controles obligatorios antes de cada desembolso: verificación de la situación institucional de las organizaciones, autoridades, planes de acción, padrones de beneficiarios y capacitaciones realizadas. Pero esos controles habrían sido omitidos de manera deliberada.
Advertencias ignoradas
El MPF sostiene que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables que fueron ignorados y que los pagos continuaron igual. A los exministros se les atribuye haber autorizado desembolsos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar los requisitos y aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes.
Mientras tanto, a D.M., S.E.B. y L.L.V. se les reprocha haber solicitado, recibido y administrado los fondos. En tanto, B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. están acusados de recibir dinero sin dar nada a cambio.
Si el caso finalmente llega a juicio, el MPF prevé convocar a unos 80 testigos y el tribunal estará integrado por tres jueces. La causa, que involucra a exfuncionarios de alto rango, promete ser una de las más resonantes de los últimos años en la provincia.
