Explosión en Monteagudo 120: el drama de los vecinos que no tienen dónde ir

La explosión que sacudió el edificio de Monteagudo 120, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, dejó a decenas de familias sin hogar y sumidas en la incertidumbre. Sin fecha para regresar, muchos viven en casas de familiares, hoteles o deambulan sin un lugar fijo. El drama humano se combina con denuncias de robos y una investigación judicial que revela un pasado de irregularidades.

Carolina Ayala, estudiante universitaria oriunda del interior, es una de las afectadas. Vive en el edificio desde abril y no tiene familiares en la capital. "Dentro de todo me afecta un poco más porque tengo lejos mi casa. No tengo un lugar fijo donde quedarme", relató. Algunos vecinos fueron alojados en hoteles por la inmobiliaria, pero otros tuvieron que arreglárselas solos.

Servicios y robos: los nuevos dolores de cabeza

Si bien el agua y la electricidad comenzaron a restablecerse, el gas sigue sin fecha de reconexión. Los vecinos temen que usar artefactos eléctricos dispare las facturas y genere riesgos. Pero además, denunciaron que durante los días posteriores a la evacuación, desconocidos forzaron puertas y robaron electrodomésticos y pertenencias, sobre todo en el tercer piso. Por eso, comenzaron a registrar el estado de cada vivienda para eventuales reclamos.

La seguridad estructural es otra gran preocupación. Los damnificados no piensan volver sin garantías. Las reparaciones avanzan lento y, según la administración, algunos podrían regresar en una semana solo con agua y luz, pero sin gas por un plazo mucho mayor. No hay confirmación oficial.

Alquileres en el aire y una investigación con historia

Los vecinos también se preguntan si pagarán alquiler durante el tiempo que los departamentos estén inhabitables. Planean presentar una nota conjunta a autoridades y responsables del edificio. Mientras tanto, la Justicia investiga el origen de la explosión. Trascendió que el edificio arrastraba observaciones desde hace más de 20 años por modificaciones estructurales sin autorización, como cambios en balcones, ampliaciones y hasta la construcción de un octavo piso. En 2018 ya figuraba como habitado sin certificado final de obra ni habilitación definitiva.

Mientras las pericias continúan, decenas de familias esperan respuestas. La prioridad es recuperar la normalidad, pero solo cuando haya seguridad y certezas sobre el futuro del inmueble.