Exxen Gym: la estrategia judicial que preparan los empleados para volver a trabajar

La paralización de los gimnasios Exxen Gym tras los allanamientos por presunto lavado de dinero dejó a más de 80 familias sin ingresos. Ahora, los empleados buscan que la Justicia autorice una intervención que les permita retomar sus puestos bajo supervisión judicial.

¿Qué están haciendo los trabajadores?

Un grupo de exempleados, acompañados por sus abogados, fue recibido por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, para exponerle la crítica situación social que atraviesan. Hasta el momento no hay una presentación formal, pero se analiza una estrategia que podría destrabar la reapertura parcial de algunas sedes.

El abogado Ignacio Sinkovich, que representa a parte de los trabajadores, confirmó que la medida más viable sería una intervención judicial de los establecimientos, especialmente los del Gran Resistencia, que siguen equipados y en condiciones de funcionar.

¿Qué implica una intervención judicial?

Según explicó Sinkovich, esta medida cautelar permitiría que una persona designada por el tribunal administre los gimnasios, controlando ingresos y gastos mientras avanza la causa penal. "La intervención judicial es una medida cautelar mediante la cual una persona designada por el tribunal asume determinadas funciones de administración y control", detalló.

El letrado aclaró que cualquier decisión deberá ser monitoreada por la Justicia Federal, ya que los bienes están bajo investigación. "No se pueden vender máquinas ni disponer libremente de los bienes porque forman parte de una causa penal", señaló.

El impacto social detrás de la causa

Los empleados buscan que tanto la jueza como el fiscal federal Patricio Sabadini contemplen la dimensión humana del caso. "Lo que buscamos es que no se deje de lado la cuestión social. Entendemos que la Justicia debe avanzar con la investigación y esclarecer los hechos, pero también creemos que es importante contemplar la situación de los trabajadores que quedaron sin su fuente laboral", afirmó Sinkovich.

El abogado destacó la predisposición de la magistrada para escucharlos, aunque remarcó que ella no puede adelantar criterios sobre una eventual presentación. "Fue muy amable y estuvo muy bien que nos haya recibido", expresó.

80 familias en la incertidumbre

El cierre de las sucursales dejó a alrededor de 80 familias sin ingresos de un día para otro. "Son personas que pagan alquiler, que tienen hijos, compromisos económicos y que hoy se encuentran atravesando una enorme incertidumbre", indicó el abogado.

La reapertura bajo control judicial no solo preservaría los puestos laborales, sino que también permitiría generar ingresos para afrontar salarios y gastos operativos. "Si los gimnasios pueden funcionar bajo control judicial, eso permitiría sostener empleos y evitar que la situación social se agrave aún más", afirmó.

¿Qué sigue ahora?

Los trabajadores esperan reunirse con el fiscal Sabadini para transmitirle personalmente su preocupación. Mientras tanto, la estrategia judicial sigue en análisis, y dependerá de las conclusiones que surjan de las reuniones entre abogados y empleados. "Vamos a escuchar las opiniones de todos los profesionales que están siguiendo el tema y también de los empleados", concluyó Sinkovich.