Fabiana Ríos desnudó el avance sobre Tierra del Fuego: "Se sigue pisoteando la Constitución"

La exgobernadora Fabiana Ríos volvió a poner el foco sobre la intervención federal del Puerto de Ushuaia y advirtió que el conflicto ya excede lo administrativo: a su entender, el Estado nacional avanza sobre facultades que le corresponden a Tierra del Fuego y las instituciones que deberían frenarlo no reaccionan.

En una entrevista radial en Zoon a Diario, Ríos sostuvo que la permanencia de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) al frente de una terminal fueguina, junto con las decisiones tomadas desde enero, choca de lleno con la estructura constitucional que garantiza la autonomía de las provincias.

Sin respuesta de la Justicia Federal

Uno de los puntos que más preocupó a la exmandataria es la ausencia de controles efectivos de legalidad. Según planteó, después de meses de intervención el Estado nacional sigue ejerciendo atribuciones sobre el Puerto sin que exista un pronunciamiento judicial definitivo que marque los límites de esas facultades.

Ríos también apuntó contra la Legislatura. Consideró grave que el Parlamento fueguino no haya asumido un rol protagónico frente a un conflicto que involucra competencias, recursos y patrimonio de la provincia. Para ella, la discusión debería superar las diferencias partidarias: lo que está en juego es la capacidad de Tierra del Fuego para defender sus atribuciones ante decisiones unilaterales del Gobierno nacional sobre uno de sus principales activos estratégicos.

Fondos judicializados y trabajadores excluidos

El manejo de los recursos que genera el Puerto también está bajo la lupa. La administración de fondos, ingresos, gastos y transferencias se encuentra judicializada a partir de un amparo por acceso a la información pública. En agosto, el Juzgado Federal de Ushuaia ordenó a ANPYN y AGP aportar información y documentación vinculada con esos recursos.

Otro de los focos que Ríos calificó como especialmente grave es la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. Desde el inicio de la intervención, más de un centenar permanece impedido de ingresar a sus lugares habituales de trabajo y sin salarios garantizados, mientras un grupo reducido sigue accediendo a la terminal y cumple funciones junto con la administración nacional.

La exgobernadora habló de indefensión y se preguntó por el trato diferencial entre agentes de una misma estructura provincial: unos no pueden entrar a trabajar y otros colaboran activamente con la intervención.

El tercer portazo a los controles ambientales

Para Ríos, el avance sobre competencias provinciales sumó una nueva dimensión en las últimas semanas, cuando se impidió que organismos fueguinos ejercieran controles ambientales dentro del Puerto.

La ANPYN volvió a bloquear este martes, por tercera vez, el ingreso de equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente que iban a realizar inspecciones de certificación ambiental, residuos peligrosos de buques y fiscalización de recursos hídricos. La Provincia sostiene que son facultades propias que venía ejerciendo con regularidad antes de la intervención.

Ríos advirtió que la intervención produce decisiones y normativa que, desde su perspectiva, colisionan con las garantías constitucionales que protegen la autonomía provincial. Cada nueva atribución que asume la ANPYN, dijo, profundiza un proceso en el que una medida presentada como excepcional termina extendiendo sus efectos sobre competencias naturales del Estado fueguino.

Por eso, para la exgobernadora el problema central ya no es solo cuándo termina la intervención. La cuestión de fondo es hasta dónde puede avanzar el Estado nacional sobre facultades provinciales sin encontrar límites efectivos en la Justicia, la Legislatura y el resto de las instituciones del sistema federal.

Su definición final sintetizó la gravedad que le asigna al conflicto: describió el escenario fueguino como una disyuntiva entre autoritarismo y federalismo y sostuvo que actualmente “se sigue pisoteando a la Constitución”.

Desde esa mirada, el Puerto de Ushuaia dejó de ser una disputa administrativa para convertirse en una discusión sobre los límites del poder federal y la capacidad de Tierra del Fuego para defender su autonomía.