Falsas amenazas en escuelas: la multa que nadie esperaba y que ya cambió todo

El gobierno provincial intimó a familias de alumnos por amenazas falsas en escuelas, y los resultados no tardaron en llegar. Las comunicaciones al 911 cayeron drásticamente tras aplicar sanciones económicas que van de 2 a 3 millones de pesos.

La secretaria de Coordinación Técnica de Santa Fe, Georgina Orsiani, negó que haya un estamento social específico vinculado a las amenazas. En diálogo con Radiópolis (Radio 2), aclaró que la problemática alcanzó a escuelas públicas y privadas de todo el espectro social y en diferentes puntos de la provincia.

¿Dónde se concentran los casos?

Se detectó una mayor concentración de episodios en escuelas secundarias de grandes cascos urbanos, aunque en el interior también hubo registros en colegios primarios. Para Orsiani, la clave está en la tecnología y la imitación de contenidos virales en redes sociales. “Entendemos que acá el entorno digital ha sido el desencadenante, la gran viralización, la irresponsabilidad en cuanto a la viralización”, subrayó.

Frente a esto, la funcionaria recalcó la necesidad de un rol activo desde el hogar: “Por eso somos muy enfáticos en cada oportunidad que tenemos de recalcarlo, la importancia de poder hablar con nuestros hijos, de trabajar mancomunadamente con los docentes y las instituciones educativas, pero con un rol fundamental como familia”.

Resultados concretos

El gobierno confirmó que ya se efectivizaron 11 notificaciones por resarcimiento de daños, mientras que otras 18 están en trámite administrativo. Esto permitió desacelerar la ola de casos que afectó a Rosario y otras localidades santafesinas. En las semanas de mayor conflictividad, el Estado debió destinar enormes esfuerzos logísticos y operativos. Orsiani recordó: “En el transcurso de una semana de cinco días hábiles, hemos tenido alrededor de 355 noticiamientos al 911”.

Tras la decisión de cobrar los costos a los responsables, la situación cambió notablemente. En el último reporte se registraron apenas cinco hechos aislados: uno en Villa Constitución, otro en Las Rosas y tres en la ciudad de Santa Fe.

El costo de las falsas alarmas

Las sumas exigidas oscilan entre los dos y tres millones de pesos. Orsiani explicó la lógica de la política: “Las reacciones de los progenitores que han recibido las notificaciones ponen de manifiesto la gravedad del hecho. La forma que los argentinos tenemos de reflexionar y reaccionar es cuando nos tocan el bolsillo”, afirmó.

Si las familias no pueden pagar, existen mecanismos legales. Se otorgan cinco días hábiles para responder al requerimiento administrativo. Si no hay respuesta, “se notifica a la Fiscalía de Estado para que pueda perseguir judicialmente el cobro de la liquidación”, apuntó.