Falsificó un certificado médico y el gobierno no solo la echó: ahora enfrenta a la Justicia

El gobierno de Rolando Figueroa volvió a demostrar que su política de tolerancia cero contra los ñoquis no se limita al despido. Esta vez, una portera de Plottier fue cesanteada y denunciada penalmente por adulterar un certificado médico. La medida, que incluye una denuncia judicial, marca un antes y un después en la gestión provincial.

La decisión se conoció a través de la Resolución N° 1522/2026, que convalida la cesantía de Ángela Irene Herrera, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria N° 98 de Plottier. El Ejecutivo provincial también instruyó al Consejo Provincial de Educación (CPE) para que formalice la denuncia penal correspondiente.

¿Qué fue lo que hizo?

Herrera presentó un certificado médico expedido el 14 de marzo de 2024, pero con serias irregularidades. Según el sumario administrativo iniciado el 15 de agosto de ese año, el documento presentaba “tachaduras” y “falta de claridad” en los plazos de reposo, lo que llamó la atención de los auditores de la dirección general de Salud Ocupacional del CPE.

La médica que atendió a la ex empleada reconoció su firma y la confección original del certificado, pero fue categórica: la anotación que modificaba el plazo de reposo no era de su puño y letra ni constituía una modalidad válida de prescripción. Es decir, alguien alteró el documento después de su emisión.

¿Qué argumenta el gobierno?

En la documentación de despido, el gobierno provincial recordó que los trabajadores tienen la obligación de “observar en el servicio y fuera de él conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su condición de agente de la administración pública exige”. Y fue más allá: “La adulteración de instrumentos médicos no sólo atenta contra el régimen de asistencia, sino que constituye una inconducta fraudulenta incompatible con la permanencia en la administración pública, tornando imperativa la aplicación de una medida expulsiva que resguarde la moralidad y la disciplina general del servicio”.

La medida fue celebrada por la sociedad neuquina, que ve con buenos ojos el fin de los privilegios. La purga de incumplidores que implementó Figueroa desde el inicio de su gestión goza de un respaldo pleno, y este caso demuestra que el asunto no termina con el despido, sino que va por más: ahora, con denuncia penal incluida.