Faltó 12 meses al colegio, siguió cobrando y ahora le van a sacar hasta el último peso
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Faltó 12 meses al colegio, siguió cobrando y ahora le van a sacar hasta el último peso

Faltó más de un año al colegio donde trabajaba y la provincia le dio un ultimátum: revisan cada peso que cobró en ese lapso. Si no lo devuelve, el expediente termina en la Justicia.

El Gobierno de Neuquén confirmó la cesantía de Matías Ezequiel Gutiérrez, un auxiliar de servicio que estuvo ausente de su puesto durante más de un año sin justificación alguna. La sanción no se queda en el despido: también se ordenó revisar si cobró haberes en ese lapso y, en caso de que así haya sido, activar los mecanismos para recuperar el dinero.

Gutiérrez trabajaba en el Centro Provincial de Enseñanza Media 19 de la capital neuquina. La resolución que había emitido este año el Consejo Provincial de Educación (CPE) fue convalidada por el Ejecutivo provincial, que le aplicó la pena de cesantía por abandono de cargo.

Según la documentación oficial, el hombre faltó “en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el primero de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024”.

Un historial que arranca mucho antes

El expediente deja en claro que el problema no nació en 2023. Las actuaciones se iniciaron a partir de notas enviadas por la propia escuela, que denunciaban “las inasistencias injustificadas del señor Gutiérrez desde el año 2018 en adelante”.

Una exautoridad del establecimiento ratificó esos antecedentes y sumó un dato llamativo: “nunca llegó a conocer personalmente” al ahora ex empleado. Pese a haber sido citado en dos oportunidades para prestar declaración, Gutiérrez no se presentó a ninguna.

Los auditores también detectaron “registros correspondientes a presunto abandono de cargo, acumulados en diversos períodos comprendidos entre 2018 y 2023 (gobierno de Omar Gutiérrez), así como intentos infructuosos de notificación postal por domicilio inexistente”.

El intento de justificación que no prosperó

El documento señala que el agente intentó explicar parte de sus primeras ausencias alegando supuestas “medidas de fuerza”. Sin embargo, el texto también deja asentado que “el agente fue formalmente intimado para justificar sus inasistencias y reintegrarse a sus funciones, sin que conste que hubiera dado respuesta a dicha intimación, comparecido al establecimiento o acompañado documentación alguna”.

La resolución no se limita al despido. También dispone verificar si durante el período de ausencia cobró haberes y, de ser afirmativo, poner en marcha los mecanismos para recuperar los fondos. Si no fuera posible hacerlo, el CPE deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial. “En caso de ser necesario se le dará intervención a la Fiscalía de Estado”, dice el texto oficial.

“No fue una ausencia aislada”

El documento es categórico al describir la conducta del agente: “la conducta investigada no constituye una ausencia aislada o circunstancial, sino una falta de prestación del servicio que se prolongó durante más de un año, obligando a la administración a disponer sucesivos reemplazos temporarios para cubrir las tareas correspondientes al agente y garantizar la continuidad del servicio”.

El caso se suma a otros en los que la actual gestión avanzó con sanciones y cesantías frente a incumplimientos que durante demasiado tiempo permanecieron sin resolver.

“El ordenamiento del Estado también implica terminar con estas situaciones, sin importar cuándo comenzaron ni cuánto tiempo hayan permanecido impunes”, destacaron desde el Gobierno provincial.

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