Faltó al trabajo y ahora el Gobierno le exige devolver más de $36 millones
Una empleada pública faltó sin justificación y ahora el Gobierno provincial le exige devolver una millonaria suma. ¿Qué pasará si no paga?
El Gobierno de Entre Ríos abrió un sumario administrativo contra una empleada del Ministerio de Desarrollo Humano por inasistencias injustificadas y le reclama más de 36,7 millones de pesos que habría cobrado indebidamente.
La decisión se oficializó mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra Verónica Berisso, publicado este jueves en el Boletín Oficial provincial. La agente, identificada como M. F. B., pertenece a la planta permanente en la Categoría 4 del escalafón Administrativo y Técnico.
¿Qué establece el sumario?
El artículo primero del decreto ordena la apertura de un Sumario Administrativo a cargo de la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado. El objetivo es determinar responsabilidades por "registrar inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo", según los considerandos de la norma.
Hasta que se apruebe una nueva reglamentación (prevista por la Ley Nº 9.755), se aplicará el Reglamento del Decreto Nº 2/70 SGG y sus modificaciones.
El reclamo económico: $36.762.224,21
Además del proceso disciplinario, el Ejecutivo aprobó la liquidación de la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio, que fija el monto adeudado en 36.762.224,21 pesos, correspondientes a "haberes percibidos indebidamente". A esa suma se le sumarán intereses calculados según la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina desde que se generó la deuda.
La intimación otorga un plazo "perentorio e improrrogable" de 30 días corridos desde la notificación para devolver el capital más los intereses.
¿Qué pasa si no paga?
Si la empleada no reintegra el dinero en ese plazo, el Gobierno instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales necesarias para recuperar los fondos públicos, incluyendo intereses legales, gastos y honorarios.
La apertura del sumario no implica una sanción definitiva, sino el inicio de un procedimiento que garantiza el derecho de defensa de la agente. Paralelamente, el reclamo patrimonial avanza por la vía administrativa y, de ser necesario, judicial.
