Familias endeudadas: la alarmante advertencia de PBA que el Gobierno niega

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, encendió todas las alarmas al revelar una realidad que golpea a cientos de familias en los barrios populares: quienes no pueden pagar sus deudas con prestamistas informales terminan perdiendo sus casas. La denuncia, realizada en declaraciones a Infobae TV, contrasta con la postura del presidente Javier Milei, que lo considera un simple "problema entre privados".

Según Alonso, el circuito de la usura es escalofriante: una familia pide 200.000 pesos y a los quince días ya debe el doble. Quince días después, la cifra asciende a un millón. Si no puede pagar, en cinco o seis meses le quitan la vivienda por la fuerza.

¿Qué dijo el ministro sobre el endeudamiento?

En un crudo relato, el funcionario describió cómo las familias, ante la imposibilidad de acceder a créditos formales, caen en manos de prestamistas que aprovechan su vulnerabilidad. "Va una familia, pide 200.000 pesos, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que volver un millón", detalló Alonso, y agregó: "Si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza".

El ministro fue contundente al señalar que esta situación es moneda corriente en los barrios más humildes, donde la falta de regulación estatal deja a las familias completamente desprotegidas.

La postura del Gobierno nacional

Mientras tanto, el presidente Javier Milei niega la gravedad del asunto. Para el mandatario, se trata de un acuerdo entre privados y sostiene que "nadie les puso un revólver en la cabeza para tomar un préstamo". Esta mirada choca de lleno con la realidad que denuncian desde la provincia de Buenos Aires.

PBA también apunta a las billeteras virtuales

La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, anunciaron que la provincia abrirá expedientes contra las fintech por denuncias de acoso y hostigamiento a usuarios endeudados. Las empresas más cuestionadas son Mercado Libre, Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay.

Según Costa, solo en el primer semestre de este año, Defensa al Consumidor recibió más de 2.200 denuncias contra estas plataformas. Las acusaciones incluyen falta de información clara sobre las condiciones de los préstamos, ausencia del botón de arrepentimiento y tasas de interés que no se explican adecuadamente.

"Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de las denuncias y acciones de oficio", afirmó Costa, y adelantó que pedirán informes a las empresas para que detallen los criterios con los que imponen las tasas y cuál es la composición real del costo financiero total.

Si se demuestran las irregularidades, las multas podrían alcanzar los 1.883 millones de pesos, además de la obligación de revertir todos los incumplimientos y acciones que violen la normativa vigente.

La investigación ya está en curso y las próximas semanas serán clave para determinar si las empresas acceden a presentar sus descargos o si el conflicto escala a mayores.