Femicidio de Sandra Ayala Gamboa: la Justicia elevó la indemnización a sus padres y confirmó la condena al Estado

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó por mayoría la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires en el femicidio de Sandra Mercedes Ayala Gamboa y aumentó los montos que deberá pagar a sus padres. El caso, que conmocionó a la ciudad, vuelve a estar en el centro de la escena por la decisión judicial.

Los jueces Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta revisaron la sentencia de primera instancia y, con los votos de Spacarotel y Milanta, consideraron que el Estado provincial falló en su deber de control sobre un inmueble de su titularidad. Ese edificio, ubicado en calle 7 entre 45 y 46, fue el escenario del crimen ocurrido el 16 de febrero de 2007.

La víctima, Sandra Mercedes Ayala Gamboa, tenía 21 años y había llegado desde Bolivia apenas tres meses antes, buscando trabajo. Ese día asistió a una supuesta entrevista laboral en el Ministerio de Economía. Su acompañante se retiró y ella quedó a solas con Diego José Cadícamo, quien la engañó para hacerla ingresar al lugar. Allí la golpeó en la cabeza, intentó abusar sexualmente de ella y, ante su resistencia, la estranguló con una remera.

¿Quién fue el autor del crimen?

Diego José Cadícamo fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal V, que le imputó homicidio criminis causa en concurso real con tentativa de abuso sexual agravado, además de otros delitos sexuales contra otras víctimas. Con esa condena firme, los padres de Sandra iniciaron la demanda civil contra la Provincia.

Nélida Gamboa Guillén y Cecilio Felipe Ayala Chalco reclamaron una indemnización por los daños sufridos. En su demanda, argumentaron que el edificio público estaba sin control, que había comunicación interna entre plantas y que no se sabía cuántas personas tenían llaves. Esa situación de abandono, según ellos, creó las condiciones para que el crimen ocurriera.

¿Qué resolvió la Justicia en primera instancia?

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 admitió parcialmente la pretensión y condenó a la Provincia a pagar $10.668.000 más intereses. También fijó montos por pérdida de chance y daño moral, reconoció gastos de sepelio y rechazó el daño psíquico como rubro autónomo. Además, desestimó la acción del hermano de la víctima por prescripción.

Tanto la Fiscalía de Estado como los padres de Sandra apelaron. La Provincia cuestionó el nexo causal y pidió que se graduara su responsabilidad, argumentando que el autor material tuvo una incidencia determinante. Los actores, por su parte, consideraron insuficientes los montos y reclamaron el reconocimiento del daño psíquico, además de cuestionar la tasa de interés.

¿Cuál fue el fallo de la Cámara?

Por mayoría, los jueces entendieron que la Provincia es responsable por falta de servicio y por no ejercer control sobre un inmueble de su titularidad. Sostuvieron que el nexo causal no se interrumpe por la intervención del autor material cuando la omisión estatal creó la ocasión propicia para el delito. El fallo también subraya la perspectiva de género, recordando que se trató de un femicidio y que el Estado tiene obligaciones internacionales.

En cuanto a los montos, la Cámara elevó la pérdida de chance a $2.624.000 para los padres. El daño moral pasó a $7.500.000 para la madre y a $4.500.000 para el padre. Además, reconoció a la madre $352.000 por daño psíquico. En lo restante, confirmó la sentencia de grado.