Femicidio en Chicoana: la advertencia sobre el arma reglamentaria que nadie controló
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Femicidio en Chicoana: la advertencia sobre el arma reglamentaria que nadie controló

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres reveló qué encontró la Justicia sobre los antecedentes del femicidio de Chicoana y advirtió por el arma reglamentaria del agresor. La mediación, prohibida por ley, quedó en el centro de la escena.

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, Pilar González Sastre, reveló que en el femicidio de Chicoana no habrían existido denuncias ni medidas previas contra el agresor, un efectivo policial que habría usado su arma de fuego para cometer el crimen. La funcionaria advirtió que la mediación está prohibida por ley y por tratados internacionales cuando media violencia de género.

En diálogo con La Mañana de Radio Lup 94.7, González Sastre explicó que consultó con la Justicia sobre los antecedentes del caso y que, según las primeras informaciones, no constaban presentaciones ni medidas de protección a nombre de la víctima ni del agresor. Esa ausencia de antecedentes habilitaría una instancia de mediación, pero la especialista fue tajante: “El tema hubiera sido mucho más grave si existiera y hubiera habido una mediación, porque sabemos que está prohibido en los casos de violencia”.

Por qué no se puede mediar en casos de violencia

La prohibición no es una recomendación: está fijada por ley y por compromisos internacionales asumidos por el país. El fundamento es la asimetría de poder entre las partes. “Cuando hay situaciones de violencia y hay que mediar cuestiones de hijos, cuota alimentaria, se hacen por separados en los centros de mediación porque la posibilidad de negociación no existe”, detalló la directora del Observatorio.

En ese marco, González Sastre puso el foco en el uso del arma reglamentaria. Según contó, el organismo ya emitió una primera recomendación al respecto. “Por ejemplo, si estoy ejerciendo mi función, estoy activo como policía, como fuerza de seguridad, en estas instancias donde hay mediación, donde no estoy en mi ámbito laboral, no debería estar con el arma”, sostuvo.

La funcionaria recordó que en lo que va del año se registraron dos casos de este tipo en Salta: uno de femicidio vinculado, en el que la expareja de un oficial resultó herida y su padre murió después, y otro protagonizado por un integrante de una fuerza federal con un arma blanca. “Ya tenemos advertencias sobre estas cosas. Entonces es importante el trabajo interno que se hace con los agentes y que tampoco puedan acceder a las herramientas de trabajo, en este caso un arma, sobre todo en una instancia de mediación”, enfatizó.

El pedido de protección de una denunciante

El caso de Chicoana también derivó en que una denunciante reclamara medidas urgentes de protección mientras avanza el juicio. Consultado sobre la falta de recursos humanos y materiales para responder a ese tipo de solicitudes, González Sastre fue clara: “Eso se tiene que presentar en el proceso y tienen que otorgarle porque ella como víctima vulnerable necesita y requiere alguna medida de protección. Su abogado o la parte querellante, o la Defensoría Oficial, puede solicitar porque ella está manifestando una situación de temor”.

La directora del Observatorio advirtió que la problemática de la violencia de género creció de forma sostenida en la provincia: en diez años las denuncias se duplicaron, al pasar de 14.000 a casi 30.000, un incremento que no fue acompañado por un aumento equivalente de los recursos. “La provincia sigue en crecimiento con la problemática de violencia”, afirmó, y señaló que se detectan patrones en horarios y fines de semana que exigen mayor atención.

“Esto implica la necesidad de que en la provincia que tiene el 28% de denuncias de violencia de género y familiar requiere y sigue requiriendo no solo el Estado de Emergencia en el que estamos, sino también que es una problemática real, no es algo que se va a pasar ni en 3 ni en 4 años ni en una gestión de gobierno”, remarcó.

La respuesta de los tres poderes y el rol de los municipios

Para González Sastre, la solución no puede venir de un solo ámbito del Estado. “Esta no es una problemática que incide en un solo poder. Es una problemática que requiere la intervención de los tres estados y sobre todo también de los municipios”, planteó, y subrayó la importancia de las áreas de género locales para la detección y la prevención: “Si yo dicto una medida desde el Poder Judicial, pero no hay el recurso suficiente y esa medida va a ser insuficiente y a quién le corresponde, por eso la interacción de los poderes acá es vital”.

La funcionaria valoró que la Ley de Emergencia permite contar con herramientas como una Fiscalía especializada y un registro actualizado de femicidios, aunque insistió en que los recursos deben ganar efectividad. “Hay una cuestión de que hay mayor demanda y estos recursos necesitan tener mayor efectividad”, dijo.

En esa línea, reclamó reforzar el recurso humano, la consigna policial y los botones antipánico en los casos que lo requieran. También se refirió al trabajo territorial en el interior provincial, donde el Observatorio propuso en la Legislatura un acompañamiento más cercano a los municipios. “El acceso es la vía municipal, fortalecer las áreas, trabajar con personas que sean referentes territoriales, que puedan estar asistiendo, personas que, si yo tengo una situación no sé si denunciar, tengo miedo, tengo con quién hablarlo, porque tenemos que volver a la instancia de la prevención, si no siempre llegamos tarde”, concluyó.

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