Femicidios en Salta: la alarmante cifra que superó la media del año pasado y el reclamo de las organizaciones

La muerte de Cintia Díaz, la joven de 21 años de San José de Metán que falleció tras ser brutalmente golpeada por su pareja, volvió a encender las alarmas en Salta. Desde el Observatorio Popular Feminista Ñawi lanzaron una advertencia que estremece: los femicidios en la provincia ya superaron la media registrada durante todo el año pasado, y el Estado provincial sigue sin dar respuestas concretas.

“Es doloroso, es tremendo y ya superó la media de lo que veníamos del año pasado”, expresó Carmen Chuchuy Juárez, referente del Observatorio, en diálogo con La Mañana, de Radio LUP.

¿Por qué las mujeres dejan de denunciar?

La dirigente señaló que, desde las organizaciones territoriales, observan con preocupación que muchas de las recomendaciones del Observatorio de Violencia contra las Mujeres no se están implementando. Uno de los puntos más críticos es la caída en las denuncias, que no necesariamente significa que haya menos violencia.

“Estamos retrocediendo porque no quieren ir a denunciar porque no les creen. Las comisarías se han vuelto un lugar inseguro para las mujeres”, afirmó Chuchuy Juárez.

Además, explicó que muchas víctimas temen ser asesinadas y, pese a alertar sobre el riesgo, no reciben las medidas de protección necesarias. También cuestionó que las consignas policiales recaigan sobre las víctimas: “La consigna policial tiene que ser para el agresor y no para la mujer”, remarcó.

La falta de confianza en las instituciones genera un escenario donde las mujeres “no saben qué hacer” frente a situaciones de violencia, según la referente.

Salud mental y programas para agresores

El Observatorio Ñawi también reclamó fortalecer los servicios de salud mental, especialmente ante los numerosos casos de violencia psicológica. Además, pidió implementar programas de reeducación para hombres que ejercen violencia.

“El hombre que es violento la Justicia toma algún tipo de acción, termina con esa pareja, tiene otra y vuelve a ejercer violencia”, señaló Chuchuy Juárez.

En esa línea, reclamó mayor trabajo con la Educación Sexual Integral (ESI) desde la infancia y una aplicación permanente de la Ley Micaela. “No podemos decir ‘ya la tomé hace tres años’. La tomaste, sí, pero evaluemos también a esa persona, a esa institución”, planteó.

El caso Cintia y los niños que quedan sin sus madres

El crimen de Cintia también puso sobre la mesa qué sucede con los hijos de las mujeres asesinadas. La joven era madre de un niño de cuatro años y el acusado por el crimen no era el padre del menor.

Chuchuy Juárez señaló que el acompañamiento debe continuar después del hecho y contemplar no solo la atención psicológica, sino también el aspecto económico. En ese sentido, mencionó la Ley Brisa, destinada a hijos e hijas de víctimas de femicidio y homicidio, y destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre la Justicia y los organismos provinciales vinculados con la primera infancia, niñez y familia.

La referente también vinculó la violencia de género con la falta de autonomía económica y reclamó políticas que faciliten el acceso de las mujeres al empleo. Cuestionó que se firmen convenios con empresas sin que exista, según dijo, información concreta sobre cuántas mujeres desocupadas logran acceder a esos puestos. También reclamó políticas de cuidado que permitan a las madres dejar a sus hijos al momento de incorporarse al mercado laboral.