Ferreyra: “El principal problema sigue siendo el precio de la hoja verde”

El director por la Producción del INYM, Roberto Ferreyra, salió a poner paños fríos a los cambios administrativos que el organismo publicó en el Boletín Oficial. Si bien reconoció que pueden aliviar la operatoria de algunas empresas, advirtió que la crisis de fondo en la producción primaria sigue intacta.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Ferreyra analizó las modificaciones que eliminan el límite mensual de estampillas que podían solicitar los operadores según su promedio de comercialización y que incorporan un plazo de gracia para trámites administrativos. Medidas que, según explicó, fueron aprobadas por mayoría en el Directorio.

“Puede beneficiar a una marca pequeña que no tenga existencias o trabaje a fasón”, admitió el dirigente de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay. Sin embargo, consideró que este debate desvía la atención del verdadero problema: el precio de la hoja verde.

¿Cuál es el verdadero conflicto?

Ferreyra puso números concretos: la estampilla representa unos $25 por kilo de yerba, mientras que la producción primaria pierde entre $250.000 y $300.000 millones por año. “Ese dinero deja de circular en los pueblos y paraliza la economía de los municipios yerbateros”, remarcó.

El problema estructural, según su diagnóstico, arrancó con la eliminación de la facultad del INYM para fijar un precio mínimo de la hoja verde. Desde entonces, el productor negocia en desventaja y vende por debajo de sus costos.

Con un costo de producción actualizado en $473 por kilo, los valores recibidos oscilan entre “doscientos y pico” y $300 puestos en secadero. Con eso deben sostenerse el productor, el tarefero y el transportista. “La actividad deja de ser viable para los pequeños y medianos establecimientos”, alertó.

La caída de la producción no mejoró los precios

Ferreyra comparó los datos de 2024 y 2025 con los primeros meses de 2026: la producción de hoja verde acumuló una merma cercana al 33%. La yerba canchada pasó de 345 millones de kilos a 311 millones, una caída del 10%. Pero los precios no reaccionaron.

“La liberación del mercado no condujo automáticamente a mejores valores”, sentenció. Para el director, la desregulación fue un fracaso para la producción primaria, aunque aclaró que el negocio en su conjunto no está en crisis: las exportaciones crecen y las grandes industrias siguen activas. El problema es la distribución de los ingresos.

El contraste es brutal: mientras un productor familiar cosecha unas 50 toneladas al año, algunas empresas procesan cerca de 200 millones de kilos. “No se puede hablar de una negociación equilibrada”, subrayó.

Productores sobreviven con otras actividades

Muchos pequeños y medianos productores sostienen los yerbales con ingresos de otras actividades dentro de sus chacras. Dejan de incorporar fertilizantes y tecnología, y postergan mejoras. Además, crece la migración de tareferos y pequeños productores hacia Brasil en busca de empleo.

Ferreyra también cuestionó el discurso empresarial que pide eficiencia y apertura de mercados. “No se puede financiar la competitividad con valores que condenan a miles de familias a trabajar por debajo de sus costos”, afirmó.

¿Qué reclama el sector?

La principal demanda es que el INYM recupere su capacidad para fijar un valor mínimo de la hoja verde. “Regular no significa impedir el desarrollo, sino evitar que se compre por debajo del costo”, explicó.

Ante la pérdida de facultades del Instituto tras el DNU 70/2023, las asociaciones presentaron un proyecto de ley de emergencia para la producción primaria. La iniciativa fue entregada al gobernador de Misiones y a legisladores provinciales, quienes se comprometieron a analizarla.

Ferreyra valoró el respaldo institucional: “El problema ya no es solo de los productores, es de toda la provincia”. Calculó que multiplicar los casi 900 millones de kilos producidos por una diferencia mínima de $300 implica más de $250.000 millones que dejan de circular por año.

La posición del Gobierno nacional

Ferreyra mantuvo reuniones con funcionarios del área de Desregulación, quienes buscan una yerba más barata para el consumidor. Pero el dirigente explicó que el consumo es relativamente inflexible: “Quien usa dos kilos por mes no pasará a consumir cinco porque baje el precio”.

Para él, la política de abaratar el producto final no garantiza una mayor demanda. Y advirtió que el costo de esa estrategia lo pagan los eslabones más débiles de la cadena.

Una negociación profundamente desigual

Ferreyra ilustró la desigualdad con un caso concreto: un productor que cosecha 50 toneladas anuales frente a una empresa que procesa 200 millones de kilos. “Presentarlos como iguales desconoce la concentración de poder”, dijo.

Mientras las industrias deciden cuándo y cómo compran, el pequeño productor absorbe la inflación (cercana al 30% el último año) y las urgencias de liquidez. La crisis ya lleva a algunas familias a vender sus chacras o emigrar, y los hijos abandonan el campo.

En contraste, Ferreyra señaló que no conoce empresas envasadoras que hayan cerrado. “El negocio funciona, pero los beneficios no se distribuyen equitativamente”, resumió.