Fijaron un 16% para los fletes, pero ni los transportistas lo pedían tan alto
El campo ofreció entre 8,3 % y 11,5 %, los transportistas pedían 15 %... y la Provincia terminó fijando un número que sorprendió a todos. El laudo que desató la furia del sector y por qué hablan de un antecedente que no se olvida.
La pulseada por las tarifas del transporte de granos en territorio bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión entre los que contratan los camiones y los que los manejan. Las entidades dadoras de cargas salieron a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno provincial de fijar un aumento del 16 % en las tarifas de referencia, un número que quedó por encima incluso del 15 % que reclamaban los propios transportistas.
La medida se conoció el 12 de noviembre, en el marco de una reunión de la comisión de Transportes de granos de la Provincia. Del encuentro participaron cámaras de transportistas, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y el Centro de Acopiadores de Cereales.
Un laudo que no cayó bien
De acuerdo con lo que las tres entidades dadoras de cargas detallaron en un comunicado conjunto, el Ministerio de Transporte amenazó durante la negociación con dictar un laudo —una resolución que toma una autoridad cuando las partes no logran ponerse de acuerdo— y finalmente lo concretó. Las organizaciones calificaron el episodio como un hecho inédito en la larga historia de la Comisión.
El punto de partida fue una situación de valores dispares entre los costos calculados por el transporte, por la Provincia y por los dadores de carga.
La propuesta que quedó en el camino
Para intentar llegar a un consenso, CARBAP, Coninagro y el Centro de Acopiadores ofrecieron desde el arranque un incremento de entre 8,3 % y 11,5 % sobre las tarifas vigentes desde abril hasta octubre. El 8,3 %, explicaron, corresponde al aumento de costos reales.
La brecha con el 16 % definido por el Ministerio es amplia, y las entidades sostienen que ese valor supera incluso lo pretendido por quienes cobran el flete. Frente a esa decisión, los tres sectores repudiaron la actitud del Ministerio y rechazaron lo que calificaron como un laudo arbitrario. Su posición quedó asentada en el acta oficial de la reunión.
Un antecedente que pesa
Según el planteo de las entidades, el episodio no es aislado. En abril, después de una reunión en la que se había acordado en la Mesa de Transportes de La Plata un aumento del 14 %, y ante la presión de un bloqueo de rutas y puertos por parte de entidades de transportistas, autoconvocados y fleteros, la Provincia avaló en una reunión en Necochea una suba del 16 %.
Ese incremento no fue convalidado por las entidades dadoras de cargas y quedó por encima de lo consensuado. Para los firmantes, aquello marcó el inicio de la desinstitucionalización de la Mesa que discute las tarifas de referencia en el territorio bonaerense.
Negociar o presionar: el eje del reclamo
El núcleo del cuestionamiento es de carácter institucional. Las autoridades provinciales fundaron el laudo en la necesidad de evitar un conflicto. Las entidades rechazan ese argumento: afirman que ese conflicto solo puede provenir de la representación transportista, la misma que en abril desconoció lo acordado por la Mesa.
A su entender, al fijar un valor por encima del pretendido por el transporte para prevenir medidas de fuerza, el Ministerio no evita el conflicto, sino que lo convalida. “Le confirma a cada parte que la presión ofrece mejores resultados que la concertación”, advierte el comunicado.
Y agrega una definición de fondo sobre el rol del Estado: cuando reemplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del diálogo, deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema.
La preocupación excede a una suba puntual. Para las entidades, lo que está en juego es el funcionamiento de un ámbito de diálogo que durante años ordenó la relación entre quienes transportan y quienes contratan el flete de la producción. Si las tarifas pasan a definirse bajo la amenaza de un paro, sostienen, se debilita el incentivo a sentarse a negociar.
Qué les recomiendan a los productores
Las tres entidades dadoras de cargas les recordaron a los productores y al comercio de granos que, según la ley provincial, las tarifas son orientativas y de libre negociación entre las partes. En ese marco, sugirieron averiguar el valor de los fletes locales, que surge de la libre oferta y demanda, antes de contratar viajes.
El mensaje apunta a que el aumento definido por el Gobierno no se convierta, en los hechos, en un piso obligatorio.
La provincia de Buenos Aires es una de las principales zonas productoras de granos del país y el costo del flete pesa de manera directa en la rentabilidad del productor, sobre todo en un momento en que la cosecha de trigo está en marcha y la campaña gruesa se aproxima.
Por ahora, el conflicto no tiene una salida a la vista. Las entidades dejaron sentada su disconformidad y su pedido de volver a los mecanismos de consenso, mientras el Ministerio sostiene un valor que, según el sector, premia la presión por sobre el diálogo.
