Filo UBA se toma la sede desde el martes y anticipa una marcha que ya tiene un cambio clave
Los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA no esperan a la marcha del jueves 15: tomarán la sede desde el martes. Y la movilización central en Buenos Aires ya tiene un cambio de escenario que nadie esperaba.
Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA tomarán la sede desde el martes, dos días antes de la 5° Marcha Federal Universitaria que se realizará el jueves 15 de octubre. La medida de fuerza fue anunciada por la comunidad educativa en el marco de un nuevo capítulo del conflicto con el Gobierno Nacional por el presupuesto y los salarios.
La movilización de este año tendrá una particularidad: la concentración central en la Ciudad de Buenos Aires no será frente al Congreso, como en las cuatro ediciones anteriores, sino frente al Palacio de Tribunales. Así lo acordaron rectores, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país.
Un paro que ya dejó huella
La convocatoria llega después de una semana intensa para el sector. Entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre se llevó a cabo un paro universitario de 72 horas, cuyos principales reclamos fueron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.
La tensión escaló el miércoles, cuando grupos de estudiantes de distintas universidades nacionales ingresaron al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada. Según relataron los propios manifestantes a El Destape, el pedido central era que la Casa Rosada "garantice el aumento de la Beca Progresar como establece la ley".
Tras varias horas de protesta, los estudiantes lograron una reunión con funcionarios, pero el encuentro duró apenas tres minutos y terminó con un desalojo violento. Luego, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia judicial.
El fallo que cambió el tablero
La protesta en Pizzurno se produjo un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, la norma que el Ejecutivo usaba para justificar la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa ley había sido aprobada por el Congreso y ratificada luego de que el Poder Legislativo insistiera con el proyecto frente al veto presidencial. En su resolución, Cormick ordenó al Gobierno el cumplimiento inmediato de la norma.
El fallo se suma a la disputa por la actualización de los recursos destinados a las casas de estudio. Desde la Rosada, hasta el momento, no hubo respuesta oficial.