Fin a 26 años de intervención: la Justicia dio un ultimátum al Gobierno por el IPLA

La Justicia tucumana ordenó al Gobierno provincial poner fin a la intervención del IPLA y le dio al gobernador Osvaldo Jaldo un plazo de 60 días para normalizar el organismo. La medida, que afecta a salones de fiestas y entretenimientos, fue dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Los camaristas Sergio Gandur y Ebe López Piossek hicieron lugar parcialmente a un amparo presentado por propietarios de salones de eventos. La sentencia, depositada el martes 11 de agosto, sostiene que la intervención, que se extiende por más de dos décadas, desnaturalizó el esquema de conducción previsto por la Ley 7.243.

¿Qué dijo el tribunal?

En el fallo, al que tuvo acceso este medio, los jueces señalaron que “la prolongación ininterrumpida de la intervención del IPLA durante más de veintiséis (26) años evidencia que una medida legalmente concebida como excepcional, transitoria y orientada a la normalización institucional ha terminado por sustituir de manera permanente el régimen ordinario de gobierno del ente”.

Para el tribunal, esa situación “resulta incompatible con el principio de juridicidad” establecido por la Constitución provincial y con el diseño institucional fijado por el legislador.

¿Cuándo comenzó la intervención?

Según la Cámara, es “un hecho público y notorio en Tucumán” que el IPLA está intervenido desde hace más de 26 años, algo que la Provincia no controvirtió. El origen se remonta al Decreto N° 1294/21 MAS del 13 de julio de 2000, durante la gestión del entonces gobernador Julio Miranda, cuando aún regía la derogada Ley 6.600.

También se tuvieron en cuenta decretos de la gestión actual: la designación de Dante Rolando Loza como interventor el 10 de octubre de 2023 y las prórrogas bimestrales dispuestas desde diciembre de ese año, publicadas en el Boletín Oficial.

¿Qué dice la ley sobre el plazo?

La Ley 7.243 establece que la intervención “no podrá exceder en ningún caso los sesenta (60) días corridos”. La Cámara contrastó ese límite con la práctica: “Las sucesivas e ininterrumpidas designaciones y prórrogas dispuestas por el Poder Ejecutivo determinaron que una medida concebida por el legislador como excepcional, transitoria y orientada a la normalización institucional del ente se prolongue ininterrumpidamente durante más de veintiséis (26) años”.

Y agregó: “La intervención dejó de responder a la finalidad para la cual fue legalmente prevista y terminó por convertirse en un modo ordinario de administración del IPLA”.

¿Qué deberá hacer el Gobierno?

El fallo ordena que en 60 días el gobernador Jaldo adopte “los actos administrativos necesarios y conducentes para poner fin al régimen de intervención” y normalice el IPLA mediante la integración de su Directorio, que según la ley debe estar compuesto por un presidente y dos vocales titulares, con al menos un profesional universitario con experiencia en la materia, designados con acuerdo de la Legislatura y con mandatos de cuatro años.

Los jueces explicaron que el plazo de 60 días es razonable porque coincide con el límite máximo que la propia ley establece para una intervención.

¿Qué pasó con el reclamo de los salones?

El amparo fue iniciado en marzo de 2024 por propietarios de salones de fiestas, que reclamaban la inconstitucionalidad de la Ley 7.243, el cese de la intervención, la nulidad de resoluciones y la devolución de sumas pagadas por cánones, multas y clausuras. La Cámara hizo lugar parcialmente: ordenó la normalización, pero rechazó los demás pedidos.

En cuanto al canon, consideró que no se aportaron pruebas de que fuera confiscatorio. Tampoco se acreditaron los cuestionamientos contra la potestad de clausura. Sobre las multas, señaló que no se incorporaron al expediente las actas ni los videos ofrecidos, por lo que requieren un debate más amplio que el amparo.

Reacciones

La abogada María Constanza Bauque, vicepresidenta del Movimiento Nacional de Pymes (Monapy) en Tucumán, celebró la decisión: “La Justicia ordenó poner fin a 26 años de intervención del IPLA por parte del Poder Ejecutivo”. Para ella, significará “más seguridad jurídica, reglas claras y transparencia para todo el sector”.

Bauque calificó la resolución como “un gran triunfo” y aclaró que es el primer fallo que involucra a los actores de este expediente, pero “implica que muy probablemente los demás salgan en ese sentido”. La Cámara ordenó dejar constancia del pronunciamiento en todas las causas conexas que tramitan ante la Sala III.