¿Fin de la precariedad? La Legislatura aprobó el pase a planta permanente y esto es lo que tenés que saber

Después de un intenso debate con presencia de trabajadores y representantes de ATE en el recinto, la Legislatura de Río Negro dio luz verde al nuevo Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca regularizar la situación de quienes llevan años trabajando para el Estado sin tener estabilidad laboral.

La ley alcanza a todo el personal contratado bajo relación de dependencia o prestación de medios que haya iniciado su vínculo antes del 31 de diciembre de 2025 y que haya prestado servicios de manera ininterrumpida hasta su incorporación. No es un pase automático: habrá que cumplir ciertos requisitos, como aprobar una evaluación de idoneidad, tener informe favorable de recursos humanos, pasar el examen preocupacional y acreditar aptitud psicofísica cuando corresponda.

¿Qué cambia para los trabajadores?

El punto clave es que el pase a planta será voluntario para quienes reúnan las condiciones. El oficialismo fue tajante al aclarar que esto no implica nuevos ingresos ni aumento de la masa salarial, sino que simplemente reconoce a quienes ya cumplen funciones permanentes. Además, se crea una Comisión Ejecutiva Central, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y gremios, para supervisar el proceso.

La reglamentación debería estar lista en un plazo de sesenta días hábiles, según lo establecido en la propia ley. Mientras tanto, los trabajadores esperan que la medida se concrete sin demoras.

El debate en el recinto: quién apoyó y quién rechazó

El tratamiento comenzó con la exposición del legislador Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro), quien pidió analizar el proyecto “en perspectiva histórica” y destacó las políticas implementadas desde 2011 para fortalecer el empleo público. Mencionó el reconocimiento de la zona desfavorable, las recategorizaciones automáticas y la recuperación de la carrera administrativa como antecedentes de esta medida.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, calificó la ley como “importantísima” y remarcó que las gestiones de JSRN “nunca utilizaron a los trabajadores estatales como variable de ajuste”. También defendió la necesidad de incorporar personal por el crecimiento de la infraestructura pública, con nuevos hospitales, escuelas y edificios estatales.

Desde la oposición, hubo acompañamiento con matices. Magdalena Odarda (Vamos con Todos) afirmó que la estabilidad en el empleo público es un derecho constitucional. La Coalición Cívica ARI-Cambiemos, a través de Fernando Frugoni, Roberta Scavo y Javier Acevedo, celebró que se ponga fin a años de precariedad. La UCR, con Ariel Bernatene y Lorena Matzen, destacó que detrás de cada contrato hay una familia y que la estabilidad favorece la profesionalización del Estado.

El Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, con Leandro García y Daniel Belloso, también dio su respaldo, al igual que Luis Noale (JSRN), Elba Mansilla (Primero Río Negro) y Juan Martín (Pro Unión Republicana). Mansilla propuso incorporar un plazo específico para la adhesión voluntaria, mientras que Martín criticó el procedimiento legislativo pero acompañó la iniciativa.

Los votos en contra vinieron de Gabriela Picotti, Daniel Sanguinetti, María Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Santiago Ibarrolaza, César Domínguez y Claudio Doctorovich. Ellos cuestionaron el escaso tiempo de análisis, la falta de precisiones sobre cuántos trabajadores están alcanzados, la ausencia de un informe de impacto fiscal y dudas sobre las garantías de evaluación e idoneidad.

¿Qué pasa ahora?

Con la sanción de la ley, el Ejecutivo tiene 60 días hábiles para reglamentarla. La norma apunta a brindar estabilidad a miles de trabajadores que sostienen servicios esenciales como salud, educación y desarrollo social, sin ampliar la estructura del Estado. La medida ya es ley, pero su implementación efectiva recién comienza.