Firmaban los papeles sin ver los autos: tres policías detenidos y una cifra que se agranda

Una investigación por presuntas coimas en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza terminó con tres policías en prisión preventiva por 30 días, acusados de firmar Formularios 12 sin revisar los vehículos. La Fiscalía sostiene que la maniobra funcionaba al menos desde enero de 2024 y que el número de trámites irregulares sería mucho mayor al que se mencionó al inicio.

El fiscal Exequiel Hernández confirmó este miércoles la imputación de dos funcionarios policiales más, que se suman a un primer efectivo ya acusado. Los tres quedaron alojados con prisión preventiva por un mes, imputados por cohecho pasivo. En la causa también está imputada una gestora de una localidad cercana, por cohecho activo.

“Se les atribuyeron delitos de cohecho a otros dos funcionarios policiales que trabajaban en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza, precisamente por recibir dinero a cambio de confeccionar Formularios 12”, explicó Hernández.

El método: formularios firmados en blanco

Según la reconstrucción de la Fiscalía, los policías habrían mantenido un acuerdo con una gestora que llevaba periódicamente los formularios hasta la planta. En algunos casos, los documentos llegaban ya completos. En otros, directamente los firmaban en blanco para que ella los completara después.

“En algunos casos ya estaban completos; en otros casos directamente los firmaban en blanco para que luego la gestora los complete”, detalló el fiscal.

Ese mecanismo habría permitido avanzar con transferencias de vehículos sin que los rodados pasaran por la inspección física obligatoria. El Formulario 12 acredita datos identificatorios del vehículo justamente a través de esa verificación.

La tarifa que habrían cobrado

La investigación también logró establecer, según la Fiscalía, una suerte de tarifa por cada formulario irregular. El monto habría arrancado en $25.000, después subió a $30.000 y llegó a $50.000 para automóviles y $30.000 para motocicletas.

Para los investigadores, esos pagos se entregaban a cambio de que los funcionarios confeccionaran los formularios sin cumplir con la verificación física de los rodados.

“Son muchos más”

Uno de los puntos que cambió la dimensión del caso es la cantidad de vehículos involucrados. En un primer momento se habló de 64 verificaciones presuntamente irregulares. Pero Hernández aclaró que ese número correspondía a un solo funcionario y a un único mes: agosto de 2024.

“Son muchos más”, afirmó el fiscal. La hipótesis es que el mecanismo funcionó al menos desde enero de 2024 y de manera ininterrumpida, con distintos funcionarios que fueron pasando por la dependencia. Consultado sobre si podían registrarse unas 60 verificaciones irregulares por mes, respondió que “algunos meses son más”.

Hernández tampoco descartó que la maniobra haya comenzado antes, aunque señaló que cuanto más atrás se busca evidencia, más difícil resulta reconstruir los hechos.

Un cuarto policía, citado la semana próxima

La investigación no se limita a establecer cuánto dinero habría circulado. Una de las tareas centrales será determinar cuántos formularios se confeccionaron sin inspección y qué vehículos fueron transferidos después con esos documentos. La cantidad definitiva todavía no fue establecida.

Además de los tres policías presos y la gestora imputada, un cuarto funcionario policial será llevado a audiencia imputativa la próxima semana. La Fiscalía continúa reuniendo documentación y elementos de prueba.

El delito de cohecho contempla penas de uno a seis años de prisión y, para los funcionarios acusados de cohecho pasivo, una eventual condena puede incluir inhabilitación especial perpetua. La investigación permanece abierta y podría sumar nuevas imputaciones.