Firmaron un convenio clave para que jóvenes en conflicto con la ley penal puedan estudiar
¿Sabías que hay un nuevo acuerdo para que jóvenes en conflicto con la ley penal puedan estudiar y capacitarse? Conocé todos los detalles del convenio entre el STJ y el CGE de Entre Ríos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos firmaron un acuerdo que busca garantizar el acceso a la educación, la capacitación laboral y la formación profesional de adolescentes y jóvenes que enfrentan procesos penales. El objetivo es que nadie quede afuera del sistema educativo por estar en conflicto con la ley.
La rúbrica del convenio se realizó este miércoles en la sede del STJ. Participaron el presidente del STJ, Germán Carlomagno; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger; y el coordinador departamental Paraná de esa modalidad, Rodolfo Martín Álvarez. También estuvieron presentes el vicepresidente del STJ, Carlos Federico Tepsich, las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage, y el juez en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto.
¿Qué busca este convenio?
El acuerdo apunta a consolidar acciones conjuntas que garanticen el derecho a la educación de personas que, siendo menores de edad al momento del hecho, estén imputadas, acusadas o hayan sido declaradas penalmente responsables por un delito. Las instituciones se comprometieron a promover estrategias de cooperación para ampliar las oportunidades de formación y favorecer la inclusión social.
Entre los ejes de trabajo se destacan: la implementación de propuestas de educación obligatoria, capacitación laboral y formación profesional; el desarrollo de instancias de capacitación permanente para equipos técnicos, supervisores y directivos de las instituciones educativas; y la generación de herramientas que faciliten el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes del sistema educativo.
¿Cómo se implementará?
Las acciones concretas se instrumentarán mediante convenios específicos, donde se definirán objetivos, planes de trabajo, plazos y modalidades de ejecución. El convenio marco tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario.
