Firmas en blanco y pagarés truchos: el método que complica a un acusado de Salta
Usaron pagarés con firmas que los damnificados desconocen y domicilios que nadie reconoce: la causa por las presuntas estafas de una concesionaria de Salta sumó pruebas que complican a un acusado y ya hay embargos y hasta un vehículo secuestrado. Qué encontró la Fiscalía.
La causa por presuntas estafas procesales que involucra a la concesionaria Las Conde, en Salta, dio un nuevo paso: la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) amplió la imputación contra José Luis Gutiérrez Conde por diez de los catorce hechos que se investigan.
Así lo informó el Ministerio Público Fiscal. De esos diez hechos, seis están vinculados con la presunta falsificación de documentos privados y los cuatro restantes con el posible abuso de firmas en blanco, siempre en el marco de supuestas estafas procesales.
El mecanismo que investigan
La pesquisa se centra en pagarés que habrían sido usados para iniciar demandas judiciales contra personas que habían comprado vehículos, pedido financiación o actuado como garantes en operaciones de la concesionaria.
Los testimonios de los damnificados son dispares. Algunos reconocieron sus firmas, aunque negaron los montos o las condiciones que figuraban en los documentos. Otros directamente aseguraron que nunca los habían firmado.
A eso se suma otro eje de la investigación: el uso de domicilios desconocidos por parte de los demandados en los procesos ejecutivos. Según la Fiscalía, esa maniobra habría dificultado que las personas se enteraran de las demandas y pudieran ejercer su derecho de defensa.
Las consecuencias que se analizan incluyen embargos, sentencias de ejecución e incluso el secuestro de un vehículo.
Las pruebas que se sumaron
Entre las nuevas evidencias incorporadas aparecen declaraciones de damnificados, documentación obtenida durante allanamientos e informes del Banco Santander.
En la audiencia, Gutiérrez Conde, acompañado por su abogado, se abstuvo de declarar.
De dónde surge la causa
El expediente se abrió tras una denuncia de jueces civiles y comerciales que detectaron irregularidades en expedientes judiciales. El pasado 24 de septiembre, otras tres personas fueron condenadas mediante juicio abreviado por distintos hechos y delitos relacionados con la investigación.
Por ahora, la Fiscalía sigue trabajando para determinar la calificación legal de los cuatro hechos que restan esclarecer.
