Firmó el amparo de los padres contra la UNSJ, ADICUS lo escrachó por su cargo y él contestó con un argumento que involucra a sus hijos. ¿Qué dijo exactamente?
La interna en la Universidad Nacional de San Juan sumó un capítulo picante. José Luis Miolano, director general de Asuntos Legales de la UNSJ, quedó en el ojo de la tormenta por haber firmado una presentación judicial contra la propia universidad y ahora respondió a los cuestionamientos del gremio docente ADICUS.
El cruce se conoció a través de las Perlitas de la rosca que publica DIARIO DE CUYO en su edición dominical, donde se expuso tanto el escrache público que recibió el funcionario como la contradicción que el sindicato le marcó entre su cargo y su rol en el reclamo judicial.
Qué firmó y por qué
Miolano está al frente del área que, entre otras funciones, tiene la defensa legal de los intereses de la UNSJ. Sin embargo, firmó una planilla impulsada por padres autoconvocados de alumnos de los institutos preuniversitarios.
Ese grupo promovió un amparo colectivo ante el Juzgado Federal N°2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, para reclamar garantías de continuidad pedagógica frente a las reiteradas medidas de fuerza que afectaron el dictado de clases durante el año.
La presentación derivó en un fallo que ordenó a la UNSJ adecuar los contenidos académicos de los colegios preuniversitarios en un plazo de cinco días hábiles. Las autoridades respondieron con un plan de readecuación, aunque el rector Tadeo Berenguer ya había manifestado públicamente su malestar con la intervención judicial.
"Este mensaje va también para quienes en los últimos días reclaman que la UNSJ en cinco días infórmenos un plan de continuidad pedagógica sin tener en cuenta que hace un año el Gobierno nacional incumple con la ley. Señores jueces, tengan la misma vara para todos", había expresado Berenguer durante el cierre de la Quinta Marcha Federal Universitaria.
El señalamiento de ADICUS
La participación de Miolano en el amparo desató una fuerte reacción del sindicato docente, que usó sus redes sociales para cuestionar la conducta del funcionario y poner en discusión su pertenencia institucional.
El foco del reclamo apuntó a la aparente contradicción entre la responsabilidad que tiene Miolano dentro de la estructura universitaria y su decisión de acompañar una acción judicial que terminó con una orden para que la institución modificara su planificación académica.
Lejos de callarse, el funcionario salió a responder con un comunicado. Allí defendió su participación en el reclamo y aclaró que no intervino como representante de Asuntos Legales, sino a título personal, en su condición de padre de alumnos de los colegios preuniversitarios.
Los argumentos de su descargo
En su defensa, el director sostuvo que ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la UNSJ no significa renunciar a sus derechos constitucionales ni a sus obligaciones familiares. Explicó que acompañó una presentación colectiva junto con otros padres y que su objetivo fue proteger el derecho a la educación de sus hijos.
Uno de los ejes de su respuesta fue que tomó recaudos para evitar que sus intereses personales se superpusieran con sus responsabilidades como funcionario. Según detalló, se excusó de intervenir tanto en la acción de amparo como en el expediente administrativo N° 01-609-2026, iniciado por un grupo de padres, madres y tutores de estudiantes preuniversitarios.
También señaló que el rector designó a otro abogado para asumir la defensa de los intereses de la universidad en el proceso judicial. "No solamente no confundí mis intereses personales con los de la Universidad: tomé los recaudos necesarios para que tampoco pudieran confundirse", afirmó.
Miolano hizo referencia, además, a la Ordenanza 20/95-CS, que regula el régimen de compatibilidades dentro de la UNSJ. Según su interpretación, la normativa contempla excepciones para asuntos personales y familiares, aunque reconoció que deben respetarse las reglas de abstención cuando pueda existir un conflicto de intereses.
En otro tramo, rechazó que su participación en una acción judicial pueda ser considerada automáticamente una infracción a sus deberes funcionales o una conducta antisindical. "Cualquier imputación de esa naturaleza debe estar fundada en hechos concretos y en una norma aplicable, no en descalificaciones o interpretaciones interesadas", manifestó.
El funcionario también puso el acento en lo que consideró una exposición innecesaria de sus hijos en medio de la controversia. "Rechazo especialmente que se involucre a mis hijos en una controversia pública con el propósito de cuestionar mi desempeño profesional o mis convicciones personales", expresó.
Y cerró con una definición que buscó separar su responsabilidad familiar de cualquier cuestionamiento institucional: "La defensa de los derechos de mis hijos no es una falta de lealtad institucional. Es el cumplimiento de una responsabilidad que la propia Constitución y las leyes me imponen".
Un trasfondo político que suma leña
El cruce tiene, además, un costado político-universitario. Miolano no es precisamente un aliado de la actual conducción de la UNSJ: en anteriores procesos electorales trabajó activamente contra el oficialismo universitario.
Esa relación tirante suma otro elemento a una controversia en la que se mezclan el derecho de los padres a reclamar por la educación de sus hijos, las obligaciones de un funcionario y la discusión sobre los límites entre la actuación personal y la institucional.