Firmó un DNU contra los créditos "abusivos": qué cambiará para los que piden préstamos

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promete ponerle un freno a los créditos con tasas que calificó como "abusivas". La medida, que crea el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, busca atacar el sobreendeudamiento y las refinanciaciones que asfixian los bolsillos de los hogares.

“Atravesamos una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta del Estado provincial”, justificó Quintela al presentar la iniciativa. Según explicó, el decreto no apunta a restringir el acceso al financiamiento, sino a establecer límites frente a esquemas de préstamos con intereses elevados y renovaciones sucesivas de deuda.

¿Qué busca cambiar el nuevo régimen?

La idea central es que la necesidad económica de las familias no derive en condiciones desproporcionadas o usurarias. Quintela remarcó que hoy muchas personas ya no piden créditos para invertir o mejorar su calidad de vida, sino para pagar obligaciones previas, una dinámica que profundiza el endeudamiento.

La decisión se suma a otra medida adoptada recientemente por la provincia: la promulgación de una ley que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias. Esa norma no elimina las deudas ni modifica los contratos vigentes, pero establece una pausa en esos procesos para que acreedores y deudores puedan negociar antes de que se concrete la pérdida del bien entregado como garantía.

El caso que encendió las alarmas

El Gobierno riojano vinculó la iniciativa con una investigación realizada semanas atrás por la División de Delitos Económicos, que terminó con la detención de un hombre acusado de otorgar préstamos clandestinos y presionar a una mujer hasta obligarla a ceder un terreno.

En ese contexto, Quintela aseguró que algunas de las operaciones bajo investigación presentaban tasas superiores al 1000%, un dato que utilizó para justificar la necesidad de reforzar los controles sobre este tipo de financiamiento.

Con este decreto, la provincia amplía su intervención sobre el mercado de créditos de consumo, después de haber avanzado previamente con medidas relacionadas con descuentos salariales y ejecuciones prendarias. La aplicación concreta del régimen dependerá de la reglamentación y del alcance de las facultades que invoque el Ejecutivo provincial para fiscalizar tanto a entidades formales como a prestamistas informales.