Firmó un pagaré en blanco por $9 millones y la deuda apareció inflada en $33 millones

Un hombre de Zapala quedó imputado por alterar un pagaré que había firmado en blanco y usarlo para reclamar judicialmente una deuda mucho mayor a la que realmente existía. La maniobra, según la hipótesis del fiscal Marcelo Jofré, no llegó a concretarse y ahora la investigación penal tendrá cuatro meses para avanzar.

La causa la lleva adelante la fiscalía del caso, que este viernes formuló los cargos en una audiencia ante el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz.

El origen de la operación

Todo empezó con una relación comercial que se habría iniciado alrededor de mayo de 2025. En ese marco, la víctima le entregó al imputado —identificado con las iniciales R.O.V.— un pagaré con su firma pero con el casillero del monto vacío.

Ese documento debía funcionar como garantía por el saldo de una compra de vehículo: $9.000.000, con una financiación acordada a tres meses.

Según la hipótesis que el fiscal Jofré expuso en la audiencia, entre febrero y abril de este año R.O.V. completó ese espacio en blanco con una cifra muy superior: $33.440.000, es decir, más de $24.000.000 por encima de lo pactado.

El pagaré y el juicio ejecutivo

El imputado no solo habría inflado el monto. De acuerdo con la investigación, también consignó fechas de libramiento y vencimiento que le permitieron presentar el documento en la Justicia y avanzar con el cobro.

El 14 de abril de 2026, a través de un juicio ejecutivo de cobro de pesos, reclamó los $33.440.000 más intereses, gastos y costas. En ese expediente, el juez civil ordenó intimar al pago y dispuso un embargo sobre los bienes del demandado.

Sin embargo, el cobro nunca se concretó. El 8 de septiembre de 2026, el mismo magistrado suspendió el dictado de la sentencia definitiva hasta que concluya el proceso penal.

Qué resolvió la Justicia

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Chavarría Ruiz hizo lugar a los planteos de la fiscalía y tuvo por formulados los cargos contra R.O.V. por defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal, ambas en grado de tentativa y en concurso ideal, en carácter de autor.

Además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dispuso una audiencia de control de investigación dentro de los dos meses.