Fiscal federal pide indagatoria a diputado Cisneros por derivación de la “causa Vélez”

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó que se cite a declaración indagatoria al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y a un empleado de la Caja Popular, en una investigación que se desprende del caso que involucró a futbolistas de Vélez. El pedido incluye medidas de coerción, como la prohibición de salida del país, por posibles delitos federales.

La investigación federal se abrió luego de que la justicia provincial remitiera copias del expediente de la denuncia por abuso sexual presentada por Lourdes Parache contra jugadores de Vélez Sarsfield, tras un encuentro ocurrido en Tucumán en marzo de 2024. Aunque los futbolistas fueron sobreseídos en esa causa, el fiscal federal sostiene que surgieron indicios de posibles conductas vinculadas con trata de personas.

El requerimiento fue presentado en un dictamen de más de cincuenta páginas ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez, subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. El fiscal argumenta que los elementos reunidos permiten sospechar que Cisneros, Neme y el empleado Federico Petraglia podrían haber tenido participación en hechos que ameritan ser analizados bajo la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.

¿Cómo se llegó a este punto?

Todo comenzó con la denuncia de Lourdes Parache, quien relató que el 2 de marzo de 2024, tras un partido en el estadio de Atlético Tucumán, fue contactada por el arquero Sebastián Sosa a través de Instagram. El encuentro posterior derivó en la denuncia por abuso sexual agravado contra Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

Tras extensas audiencias y pericias, el juez provincial Augusto Paz Almonacid resolvió sobreseer a los cuatro jugadores al considerar que el encuentro fue consentido. Sin embargo, fue el propio magistrado quien entendió que algunas circunstancias surgidas en la investigación podían tener derivaciones de competencia federal, lo que motivó el envío de las actuaciones al fuero federal.

¿Qué pide exactamente el fiscal?

Además de la declaración indagatoria para los tres involucrados, el Ministerio Público Fiscal requirió la adopción de medidas de coerción personal, siendo la más destacada la prohibición de salida del país. El fiscal argumenta que podrían existir riesgos procesales si no se adoptan estas medidas preventivas.

También se solicitó una serie de diligencias probatorias para profundizar la investigación. Esto incluye la recopilación de comunicaciones, el análisis exhaustivo de testimonios ya incorporados en el expediente provincial y la obtención de nuevos elementos que permitan esclarecer la eventual participación de cada uno.

La postura de la defensa

Frente al requerimiento fiscal, el abogado defensor del diputado Cisneros, Juan Andrés Robles, salió a aclarar la situación procesal. En un comunicado, Robles explicó que el dictamen constituye un “requerimiento de instrucción”, una etapa preliminar dentro de cualquier proceso penal que permite avanzar en la investigación.

El letrado fue enfático al señalar que, hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que disponga o tramite el desafuero del diputado, por lo que sus inmunidades parlamentarias permanecen vigentes. “El diputado Cisneros se encuentra a disposición de la Justicia Federal y colaborará con el proceso”, afirmó el defensor, remarcando que la prioridad es que el caso se resuelva en el ámbito judicial.

Ahora, la causa queda a la espera de la decisión del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien deberá resolver si hace lugar al requerimiento y convoca a los tres señalados a prestar declaración indagatoria. Este sería un paso procesal clave para determinar si los hechos derivados de la denominada “causa Vélez” tienen ramificaciones que puedan encuadrarse en delitos federales.