Fiscalía archivó las denuncias contra Álvarez Pinto y Rodríguez: ¿qué falló en la acusación?

La Justicia de San Luis desestimó las denuncias penales contra el intendente licenciado de Merlo, Juan Álvarez Pinto, y su reemplazante interino, Leonardo Rodríguez. El fiscal Marcelo Saldaño determinó que los hechos no constituyeron delitos y ordenó archivar el expediente.

La decisión fue tomada por la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con la firma del fiscal de Instrucción Marcelo Gabriel Saldaño. La resolución dispuso la desestimación de las actuaciones y el archivo una vez que la medida quede firme.

¿Qué denunciaron los concejales?

Los concejales opositores impulsaron las denuncias. Sostenían que Rodríguez habría incurrido en usurpación de títulos y honores, mientras que Álvarez Pinto habría cometido incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras analizar la normativa vigente, la documentación del Concejo Deliberante y el funcionamiento institucional del Municipio, el Ministerio Público Fiscal entendió que el planteo no tenía relevancia penal.

El origen del conflicto

Según el dictamen, la controversia se originó en una diferencia de interpretación sobre el alcance temporal de la licencia otorgada al intendente y la continuidad de su reemplazo institucional. El fiscal señaló que las normas aplicables no establecían con suficiente claridad hasta qué momento se extendía la licencia, lo que llevó al Concejo Deliberante a dictar posteriormente una resolución aclaratoria.

En ese contexto, Saldaño concluyó que no existió una violación manifiesta de un deber legal ni se reunieron los elementos necesarios para sostener los delitos atribuidos.

Respecto de Leonardo Rodríguez, la resolución indicó que no había elementos para afirmar que hubiera permanecido deliberadamente en el cargo con conocimiento de que carecía de legitimidad para ejercerlo. Para el Ministerio Público Fiscal, esa intención era indispensable para configurar el delito de usurpación de títulos y honores.

El pronunciamiento ubicó la discusión dentro del ámbito administrativo y político del Concejo Deliberante, y descartó que correspondiera resolverla mediante una investigación penal.

La desestimación cierra el avance de la causa contra ambos dirigentes y deja establecido que, según la evaluación fiscal, las conductas denunciadas no superaron el terreno de la controversia institucional.