Fiscalía pide al tribunal que exhorte a Cristina Kirchner por las concentraciones en su casa: ¿podría perder el arresto domiciliario?

Los fiscales de la causa Vialidad elevaron un pedido formal al tribunal que controla la condena de Cristina Kirchner. Solicitan que se la exhorte a evitar conductas que alteren el orden público, tras las concentraciones de militantes frente a su domicilio en Constitución, un hecho que, según el Ministerio Público, podría poner en riesgo el beneficio del arresto domiciliario.

Los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron el requerimiento ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Argumentan que ciertas situaciones registradas en la puerta de la vivienda de la ex presidenta “no se ajustan a las condiciones” establecidas para mantener la modalidad de prisión en su hogar.

¿Qué pasó el 24 de marzo?

El planteo de la fiscalía hace especial referencia a lo ocurrido el 24 de marzo pasado. Ese día, militantes y vecinos se congregaron frente al domicilio de Kirchner, ubicado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. Para los fiscales, este tipo de convocatorias “no debería repetirse” porque entra en conflicto con las reglas del arresto domiciliario.

Cristina Kirchner cumple su condena desde el 15 de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia en la causa Vialidad. La pena incluye prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y un decomiso de 685.000 millones de pesos, a pagar en forma solidaria con otros condenados.

Las condiciones que ahora estarían en juego

El beneficio del arresto domiciliario le fue concedido el 17 de junio de 2025. Aquella resolución estableció una cláusula clave: la obligación de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Esta pauta ha sido reiterada en los controles periódicos del tribunal.

Hasta ahora, el TOF 2 había considerado que, en general, se cumplían las reglas. Solo hubo una modificación el 19 de noviembre, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin la autorización requerida. Sin embargo, los fiscales consideran que los hechos recientes ameritan un nuevo análisis.

¿Convocatoria espontánea u organizada?

Un punto crucial del dictamen fiscal cuestiona el carácter de la concentración. Luciani y Mola sostienen que, según publicaciones en medios y redes sociales, la convocatoria del 24 de marzo “no habría sido completamente espontánea”. “Al menos en parte, no se trató de ciudadanos que *motu proprio* se autoconvocaron”, indicaron en su presentación.

Para respaldar esta afirmación, los fiscales adjuntaron imágenes y registros de convocatorias realizadas por agrupaciones políticas a través de redes sociales. Este detalle es fundamental, ya que el tribunal tuvo en cuenta específicamente las condiciones de seguridad y tranquilidad del barrio al otorgar el beneficio.

La fiscalía plantea dudas legítimas sobre si, bajo este nuevo contexto, las condiciones de seguridad que fundamentaron la concesión del arresto domiciliario se mantienen intactas. “Nos preguntamos… cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, señalaron en el escrito.

Un pedido con advertencia incluida

El Ministerio Público solicitó que el tribunal analice con atención las imágenes y registros de las movilizaciones, ya que estos episodios podrían haber generado riesgos para la seguridad personal de la expresidenta y alteraciones en la dinámica del barrio de Constitución.

Afirman que la situación “permite avizorar una alteración de la circulación y normal orden del barrio”, lo que entraría en contradicción con el espíritu de las resoluciones judiciales. Por ello, el pedido final es contundente.

Los fiscales Luciani y Mola solicitaron que se exhorte formalmente a Cristina Kirchner a que adopte las medidas necesarias para evitar que se repitan episodios similares. El requerimiento incluye un apercibimiento claro: el incumplimiento podría llevar a la revocación del beneficio del arresto domiciliario.

El escrito pide intimarla a que “en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”. La pelota queda ahora en el tribunal del TOF 2.