Florida vota bajar el impuesto a la propiedad: la cifra que falta para aprobarlo
Los bomberos y los sheriffs de Florida se plantaron en contra de la Enmienda 3: advierten que los servicios de emergencia quedarían sin fondos. La votación del 3 de noviembre definirá si el beneficio fiscal avanza o se frena.
La Enmienda 3, que ampliaría las exenciones fiscales para viviendas principales hasta US$250.000, se juega el 3 de noviembre y necesita un umbral que las encuestas todavía no confirman. El respaldo creció, pero la distancia con el 60% exigido mantiene la definición abierta.
La propuesta para reducir el impuesto a la propiedad en Florida llega a las urnas con un 56% de apoyo, según el Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad Stetson (CPOR). El sondeo, realizado entre el 1° y el 9 de octubre de 2026, registró además un 21% de rechazo y un 23% de indecisos.
Ese 56% representa una mejora respecto de septiembre, pero sigue por debajo del 60% de votos afirmativos que la Constitución estatal exige para aprobar una enmienda. Con mayoría simple no alcanza: la reforma necesita un respaldo más contundente.
Qué dicen las encuestas y por qué la incertidumbre persiste
Kelly Smith, profesora asociada de Ciencias Políticas y codirectora del CPOR, señaló que el alto porcentaje de ciudadanos sin posición definida mantiene la duda sobre el resultado. Casi una cuarta parte de los consultados aún no eligió entre apoyar o rechazar la modificación tributaria.
Cómo cambiaría el impuesto si se aprueba
De acuerdo con el Departamento de Estado de Florida, la Enmienda 3 aumenta en dos etapas la porción del valor fiscal de las viviendas principales que queda libre de ciertos impuestos inmobiliarios. Para los tributos que no financian a los distritos escolares, el calendario previsto es el siguiente:
- Desde el 1° de enero de 2027: la exención alcanzaría los US$150.000 del valor tasado.
- Desde el 1° de enero de 2028: el beneficio se ampliaría hasta US$250.000, con ajustes posteriores por inflación.
El proyecto no elimina todos los impuestos sobre las viviendas. Los propietarios conservarían además una exención de US$25.000 para los tributos escolares, que seguirían vigentes.
La Oficina del Tasador de Propiedades del condado de Volusia aclaró que los beneficios dependerán del valor fiscal de cada inmueble, las exenciones existentes y las tasas locales. Una exención más alta puede reducir la factura impositiva, pero no equivale a una rebaja directa de US$250.000 en los impuestos.
Quiénes podrían beneficiarse
La propuesta distingue entre los propietarios que ya residen en Florida y quienes establezcan su residencia en el estado a partir de 2027. Los residentes actuales que cumplan los requisitos de la exención por vivienda principal podrían acceder a los montos ampliados desde su entrada en vigor.
En cambio, quienes se conviertan en residentes de Florida desde el 1° de enero de 2027 comenzarían con una exención de US$50.000 para los impuestos no escolares. El beneficio mayor estaría disponible a partir del quinto año, después de mantener la exención por vivienda principal durante cuatro años.
La iniciativa también contempla ventajas para propietarios de inmuebles comerciales, viviendas destinadas al alquiler y otras propiedades que no sean residencias principales. Para estos casos, el límite anual de aumento del valor fiscal pasaría del 10% al 5%. Esta modificación afectaría el crecimiento de las tasaciones imponibles, pero no establecería una reducción automática de las tasas tributarias.
El gobernador Ron DeSantis expresó su satisfacción con la nueva redacción de la propuesta y manifestó su intención de respaldarla. Su apoyo se produjo después de los debates legislativos sobre la reforma del sistema inmobiliario.
Las críticas y el impacto en los gobiernos locales
La ampliación de exenciones abrió una discusión sobre los ingresos de municipios y condados. Según publicó News4JAX, una estimación estatal calculó que los gobiernos locales podrían perder cerca de US$5000 millones durante el primer año de aplicación. Para el quinto año, esa reducción de recursos se aproximaría a los US$12.000 millones.
La Asociación de Sheriffs de Florida, el sindicato Florida Professional Firefighters y la Asociación de Jefes de Bomberos del estado manifestaron su oposición a la iniciativa. Entre sus preocupaciones figuran las posibles consecuencias presupuestarias para los servicios de seguridad y emergencias.
La iniciativa atravesó además una controversia judicial por el lenguaje utilizado en la boleta electoral. Un juez ordenó modificar el resumen original y las autoridades presentaron una nueva versión. El cambio buscó reemplazar expresiones promocionales por una descripción de las modificaciones tributarias.
El proyecto también establece restricciones sobre el destino de los ingresos inmobiliarios que recauden los gobiernos locales. Entre los usos contemplados figuran la seguridad pública, la educación, la infraestructura, los recursos naturales, el pago de deudas y determinadas obligaciones administrativas y previsionales.
