Fondos demandantes buscan revancha tras fallo favorable a la Argentina en millonario litigio

Los fondos que exigen una indemnización multimillonaria por la expropiación de YPF no se dan por vencidos y activan nuevas maniobras legales para intentar revertir una reciente derrota judicial. Tras un fallo que anuló una condena previa, exploran todas las instancias posibles, incluyendo una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en una batalla que podría definir el destino de miles de millones de dólares.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina el 27 de marzo pasado, anulando la condena de la jueza Loretta Preska que obligaba al país a resarcir al Burford Capital, financiador de los litigantes. Este revés judicial para los demandantes les hizo perder la posibilidad de cobrar US$ 16.000 millones más intereses.

¿Qué estrategias legales están utilizando?

Como primer movimiento, Burford Capital optó por solicitar a los trece jueces de la Cámara de Apelaciones que revisen el fallo, el cual fue tratado inicialmente por solo tres de ellos. Este recurso, llamado hearing en banc, es excepcional y puede ser declinado. Contaban con 14 días corridos desde la sentencia para realizar la presentación, un plazo que vencía esta semana.

Sin embargo, pidieron una extensión de 28 días más, hasta el 8 de mayo, para preparar formalmente la solicitud. Argumentaron que el abogado principal del caso, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas” que le dificultarían una presentación adecuada dentro del plazo original. Una vez realizada la presentación, se espera que la respuesta del tribunal demore entre 20 y 45 días.

A Burford se le abrió un abanico de opciones para accionar en el caso de YPF.

¿Qué pasa si llegan a la Corte Suprema?

Este paso es considerado previo a una posible apelación en la Corte Suprema de Estados Unidos, una instancia que los demandantes podrían agotar antes. No obstante, el máximo tribunal es sumamente selectivo: recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión al año, pero acepta tratar alrededor de 100, enfocándose en temas específicos y de relevancia para los Estados Unidos. Esto representa poco más de 1% de probabilidad de que tome el caso.

Si la Argentina enfrentara la mala suerte de que la Corte acepte revisarlo, sería ese tribunal el que dicte la sentencia final e inapelable sobre la legalidad de la expropiación de 2012. Sin embargo, los antecedentes del fallo reciente marcan un precedente favorable para el Estado. La Corte suele intervenir cuando dos cámaras de apelaciones fallan de forma opuesta sobre un tema, situación que no se da en este caso, lo que le restaría interés.

Además, el tribunal prefiere resolver asuntos relacionados con la Constitución de los Estados Unidos o leyes federales, más que con la soberanía de otros países. El juicio de YPF se ha centrado, hasta ahora, en la interpretación del estatuto de la petrolera y las leyes argentinas, lo que podría resultarle ajeno.

Horacio Marín, CEO de YPF, en el evento CERA Week en Houston.

¿Qué papel juega el gobierno estadounidense?

Un factor a favor de la Argentina ha sido el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se puso del lado del país en medio de la alineación política entre ambas naciones. Hace un mes, el Departamento presentó un memorándum en Nueva York respaldando la moción de la Argentina para suspender el discovery (proceso de búsqueda y descubrimiento de activos) ordenado por Preska y retirar la solicitud de declarar en desacato al país.

En un comunicado, sostuvo que el proceso era “excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad”. La Corte Suprema suele seguir la línea que marca el Gobierno en temas de relaciones exteriores, lo que añade otro elemento favorable para la posición argentina en este prolongado litigio.