Fondos viales: la denuncia de Aveiro que pone en jaque al Gobierno

El diputado nacional mendocino Martín Aveiro presentó un pedido de informes en la Cámara Baja para que la Justicia investigue el destino de los más de $1,5 billones del sistema vial que el Gobierno reconoció haber utilizado para equilibrar las cuentas públicas. La confesión oficial, según el legislador, sería la admisión de un delito.

El reclamo surgió tras una investigación periodística y apunta directamente a los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Sistema Vial Integrado (SisVial), que por ley deben destinarse al mantenimiento de rutas nacionales.

¿Qué denuncia Aveiro?

El legislador peronista sostiene que hay una subejecución del 73,8% en partidas de infraestructura vial y que los recursos están inmovilizados. Por eso, exige que el Ejecutivo informe sobre las operaciones financieras realizadas con ese dinero y las resoluciones administrativas que lo permitieron.

Además, pide conocer la nómina de colocaciones financieras y toda la documentación relacionada con la retención de fondos destinados al sistema vial.

“Confesión explícita de un delito”

Para Aveiro, el reconocimiento del Gobierno no es una simple justificación económica. “La admisión que hizo el Gobierno no es una justificación económica; es la confesión explícita de un delito”, afirmó el diputado, cuestionando que se usen recursos con afectación específica para otros fines.

En esa línea, remarcó que el Impuesto a los Combustibles Líquidos no es una “caja discrecional del Tesoro” ni un “cheque en blanco para dibujar balances”. Y agregó: “Cada argentino que paga nafta en el surtidor lo hace con el mandato constitucional expreso e indisponible de que ese dinero vuelva en calzadas transitables, señalización y seguridad vial”.

¿Qué argumenta el Gobierno?

El Ejecutivo había justificado el uso de esos fondos para sostener el equilibrio fiscal. Pero Aveiro rechaza esa postura: “Usar la plata de las rutas destruidas para hacer financiera y ostentar superávit no es gestión, es abandono criminal”.

Además, sostiene que ni la Ley Bases ni el Decreto 70/2023 autorizan al Ejecutivo a “malversar fondos de afectación específica mientras el fideicomiso continúe vigente”.

El riesgo en las rutas

El reclamo también pone el foco en el impacto sobre la infraestructura vial y los convenios con las vialidades provinciales. La falta de inversión, advierte, profundiza el deterioro de las rutas y aumenta los riesgos para los conductores.

Finalmente, Aveiro anticipó que buscará determinar responsabilidades penales y patrimoniales si se comprueba el mal uso de los fondos. “Si para 'lograr el equilibrio fiscal' ponen en peligro la vida de miles de compatriotas, los funcionarios responsables deberán responder patrimonial y penalmente ante los tribunales”, sentenció.